Opio para medicinas

El cultivo de opio constituye uno de los mayores obstáculos para la reconstrucción de Afganistán. A falta de cultivos alternativos que generen los suficientes ingresos para los agricultores, las campañas del Gobierno para su erradicación sólo crean más pobreza y malestar en las comunidades rurales. The Senlis Council, un foro europeo de políticas sobre drogas, presenta esta mañana en Kabul una propuesta innovadora: conceder a Afganistán una licencia internacional para que pueda exportar opio para usos legales y crear una industria local para sus derivados.

"El nivel de desarrollo es tan bajo que los cultivos alternativos no facilitan suficientes ingresos para los agricultores", explica un portavoz, Jorrit Kamminga. Hay dos problemas principales: la falta de infraestructuras viarias para comercializar los sustitutos (azafrán, nueces o flores) y el endeudamiento de las comunidades rurales, que sólo consiguen adelantos de efectivo de los narcotraficantes.

Este cultivo "provee sustento a muchos afganos, pero sólo enriquece a algunos"

Afganistán ha reducido este año un 21% sus cultivos de opio (de 131.000 a 104.000 hectáreas), según los datos preliminares de un informe que publicará en las próximas semanas la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito. Pero apenas ha supuesto un descenso del 2% de su producción (de 4.200 a 4.100 toneladas), la más alta del mundo y origen del 90% de la heroína que se consume en Europa.

Los cultivos alternativos no ofrecen una solución inmediata en un país sin apenas carreteras y, tal como advierte el Banco Mundial en su primer informe sobre Afganistán en 25 años, "la erradicación en ausencia de sustentos alternativos no funciona, aunque puede reforzar su desarrollo si les sigue en lugar de precederlos". Y ahí es donde encaja la propuesta de The Senlis Council, en cuyo comité de sabios figuran entre otros los españoles Manuela Carmela (juez del Supremo) y Juan Luis Cebrián (consejero delegado del Grupo PRISA, que edita este diario).

De acuerdo con el estudio de viabilidad realizado, Senlis recomienda que "se desarrolle una vía rápida para que Afganistán pueda producir opio bajo una licencia controlada" y que "se investigue la posibilidad de una marca y un acceso especial al mercado para la morfina y la codeína afganas". También pide que se evite la "creciente militarización de la política antidrogas afgana". La producción legal de opio está regulada por una convención de la ONU de 1961.

"La licencia no sería ni siquiera necesaria si Afganistán produjera medicinas para el mercado nacional", apunta Kamminga. "Aquí no se dispone ni de morfina ni de codeína

[dos derivados del opio], y cuando se encuentran, se trata de productos diluidos traídos de Pakistán", explica. Pero puestos a ser ambiciosos, Afganistán también podría exportar esos productos. Según los datos que maneja Senlis, existe un déficit mundial de 10.000 toneladas de morfina y la producción afgana de opio ronda las 4.000.

"No proponemos convertir toda la producción en legal", precisa Kamminga. Sería contraproducente porque, además de convertir el opio en un monocultivo, con los problemas añadidos que genera en cualquier economía, distorsionaría el mercado. A igual demanda, subiría el precio de la droga (como ya pasó a raíz de la erradicación de los talibanes en 2000), y el previsible descenso de los precios de las medicinas afectaría a los ingresos de los agricultores que se verían de nuevo tentados por el cultivo ilícito.

La propuesta de esta organización no gubernamental y sin ánimo de lucro es una solución complementaria y de transición. "Se trata de generar recursos para incrementar las posibilidades de que las comunidades rurales pasen de una economía ilegal a una economía legal", elabora el portavoz. El 80% de los afganos vive aún en zonas rurales y su dependencia del dinero de la droga deriva no sólo de los mayores ingresos que proporciona la amapola o del menor riesgo climático de su cultivo, sino de que constituye el único medio de obtener créditos.

Tal como subraya el estudio, aunque la economía ilegal del opio "provee sustento a muchos afganos, sólo enriquece a unos pocos". Son ingresos que, además de florecer en la inseguridad y la ausencia de un Estado de derecho, no pagan impuestos y, por tanto, privan al sector público de los fondos necesarios para mejorar las infraestructuras. El sistema de licencia ayudaría a hacer aflorar ese negocio, defiende Senlis, y reduciría significativamente los riesgos asociados con las actuales prácticas.

Pero no es tan fácil. Por un lado, el proyecto tiene que asegurarse de que el opio para medicinas puede proporcionar ingresos equivalentes al ilícito, y por otro, vencer varios problemas políticos. "El opio es una droga y no podemos enviar mensajes contradictorios, fomentando su cultivo cuando el Gobierno trata de erradicarla", explica Kamminga. Más complicado parece vencer los intereses económicos y comerciales de los actuales países productores, como India y Turquía, a los que Afganistán haría competencia.