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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Amiguetes

Como suele ocurrir tras los naufragios, comienzan a emerger documentos del fondo de los cajones. El llamado caso Fabra se inició tras la denuncia, a comienzos de 2004, de un empresario que acusaba al presidente de la Diputación de Castellón y hombre fuerte del PP en esa provincia, Carlos Fabra, de haberle cobrado cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Concretamente, de haber intervenido ante varios ministerios con el fin de agilizar la autorización de un determinado pesticida. Ello dio origen a una investigación judicial que se mantiene abierta y que, de momento, ha revelado la existencia de numerosos ingresos millonarios en cuentas bancarias de Fabra que éste no ha sido capaz de justificar.

Se tenía conocimiento de las gestiones de Fabra ante el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posadas, y otros cargos de ese ministerio en 1999. También de la participación en el asunto del entonces senador del PP por Castellón, y luego diputado nacional, Miguel Prim. Ahora se ha conocido la carta, incluida en el sumario, por la que el ex senador exhortaba al ministro a cumplir el acuerdo alcanzado para autorizar el famoso pesticida. Llama la atención el tono sutilmente imperativo empleado: "Te solicito que a la mayor brevedad..."; "agradecería la máxima celeridad...". Frases que recuerdan aquel "os lo ordeno humildemente" de Stewart Granger en El prisionero de Zenda, y que ponen de manifiesto la conciencia de impunidad con la que dejaban constancia escrita de sus presiones.

Fabra justificó los pagos del empresario alegando que había realizado unos informes técnicos que presentó al juzgado. Pero tales informes, por los que Fabra cobró 140.000 euros, resultaron ser la copia de una guía de una mutua local y la transcripción de una ponencia presentada en un congreso y colgada en Internet. ¿No recuerda todo esto a los procedimientos del caso Filesa? Con la salvedad de que en este caso el destino del dinero no fue la financiación de un partido, sino, aparentemente, los bolsillos particulares de un dirigente político.

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También se ha sabido ahora que entre quienes acompañaron a Fabra en su gestión ante el ministro de Agricultura figuraba Juan Costa, entonces secretario de Estado de Hacienda y luego titular de Ciencia y Tecnología: la misma persona que nada más tomar posesión de su cargo, en 1996, había acusado a los socialistas de haber perdonado 200.000 millones de pesetas de deuda fiscal a "sus amiguetes". Qué pequeño es el mundo.

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