El Gobierno cambia la política de alquiler de sedes por la compra de edificios para ahorrar

El Gobierno catalán tiene sus instalaciones distribuidas en 461 edificios en toda Cataluña. De ellos, 129 son de propiedad, 91 están asociados a algún tipo de convenio con otras instituciones y 241 son de alquiler. Esto obliga al Ejecutivo a pagar anualmente 32.591.221 euros. La cifra es desorbitada, en opinión del Gobierno actual, que ha decidido un cambio radical de política: reducir al máximo los alquileres y optar, siempre que se pueda, por la propiedad.

En los próximos meses se trasladarán de sede cinco departamentos del Gobierno catalán. Los cinco se hallan en edificios alquilados por el Ejecutivo y los cinco pretenden instalarse en edificios adquiridos. Varios de ellos, además, tienen sus instalaciones en locales separados a veces por kilómetros de distancia, lo que supone un problema para el ciudadano que debe realizar ciertos trámites y, también, para el normal funcionamiento del funcionariado.

La delegación de la Generalitat ocupará un palacete en el centro de Tortosa mientras busca un local en Tarragona

Agricultura, que se traslada a Lleida, es el primer departamento que tendrá su sede fuera de Barcelona

Girona concentrará los edificios gubernamentales, salvo los de Cultura, en el antiguo hospital de Santa Caterina

Los departamentos que proyectan el cambio son los de Interior, Bienestar y Familia, Medio Ambiente y Vivienda, Universidades y Agricultura. Este último es el que acomete el traslado más significativo: se va a Lleida, en cumplimiento de uno de los compromisos electorales de los socialistas, que quieren poner de relieve con ello la voluntad de una política de proximidad.

El Departamento de Interior, actualmente en varios edificios alquilados, se trasladará a la antigua sede de Aguas de Barcelona, adquirida por el Ejecutivo catalán. Este edificio, representativo de la arquitectura del siglo pasado, se halla en la confluencia de paseo de Sant Joan con la calle de la Diputació.

El movimiento del Departamento de Universidades es también, en cierta medida, emblemático: se traslada a uno de los edificios del Fórum, es decir, busca con ello dotar a ciertas partes de Barcelona de una nueva centralidad. Algo muy similar se pretende, si acaba cuajando, con la instalación de Medio Ambiente y Vivienda en el edificio central de la antigua fábrica Batlló, en la Bordeta y junto a la futura ciudad de la Justicia. Medio Ambiente tiene sus instalaciones divididas en varios inmuebles. La sede que acoge al consejero se halla en Diagonal, casi en la confluencia con la avenida de Sarrià, en un edificio comprado en su día a las empresas del financiero, luego procesado, Javier de la Rosa. Medio Natural se halla en el exclusivo barrio de Tres Torres, y Vivienda en la calle de Aragó.

El último departamento que se traslada es el de Bienestar y Familia, que ocupa el Palau de Mar, uno de los antiguos tinglados del puerto barcelonés. También deja un edificio de alquiler y pasará a ocupar un bloque en un solar que era propiedad del Ayuntamiento y que albergba las antiguas cocheras de Borbón, junto al paseo de Maragall, lo que, en cierta medida, también configura una nueva centralidad.

461 edificios

Los 461 edificios que ocupa el Gobierno catalán en toda Cataluña suman un total de 654.809 metros cuadrados; pero las superficies medias son muy diferentes y se trata de un asunto especialmente relevante si se tiene en cuenta que la necesidad de espacio es grande, ya que la mayoría de los centros precisan una cantidad notable de metros. Los 129 edificios de propiedad tienen en total 331.192 metros cuadrados, lo que supone una media superior a 2.000 metros cuadrados. En cambio los de alquiler son, en general, mucho menores: los 241 suman 241.210 metros cuadrados, lo que da una media de 1.000 metros por centro.El precio de los alquileres supera los 32,5 millones de euros. El grueso de los pagos se concentra en Barcelona (27,7 millones), donde el Gobierno de CiU dirigió su política a concentrar los edificios en el centro, que es también la zona más cara. El mapa de edificios muestra una alta densidad de ellos en el eje de las ramblas y el paseo de Gràcia, así como en la Diagonal.

La política de alquiler, en opinión de los responsables actuales (el asunto depende en última instancia del consejero de Economía, Antoni Castells), es, si no ruinosa, cara en comparación con la compra. El alquiler se va como agua entre las manos y no deja nada. Además, algunos de los edificios no están catalogados como equipamientos, sino como residenciales. Y el precio de una y otra calificación es muy diferente. En general, el metro cuadrado de un edificio de equipamientos tiene un precio de entre el 60% y el 70% menos que el mismo metro calificado como residencial. Por lo tanto, los edificios que sean residenciales deberán dejar de ser utilizados como oficinas.

El Gobierno catalán cuenta, para variar su política inmobiliaria, con el hecho de que él sólo es una verdadera potencia que puede, si no imponer precios, como mínimo negociarlos en condiciones ventajosas. Para ello es imprescindible no actuar a corto plazo, pero también tener en cuenta que el mercado de oficinas en Barcelona movió el pasado año 300.000 metros cuadrados. La Generalitat ocupa 470.000, de ellos 172.608 son de alquiler. El precio medio del metro cuadrado asciende a 14,3 euros en Barcelona, frente a 4,8 en la provincia de Girona, sin contar con la capital.

Entre los edificios de alquiler hay uno que está en estos momentos negociando su renovación: el que ocupa Política Territorial, en los primeros números de la avenida de Josep Tarradellas. Se trata de un bloque de 17.000 metros cuadrados propiedad de Inmobiliaria Colonial (La Caixa). Fue alquilado cuando era consejero Pere Macias, hace unos siete años, y ahora se renegocia el contrato. Fuentes del último Gobierno de CiU aseguraron que en su día se optó por comprar el edificio, pero la propiedad lo rechazó.

Las mismas fuentes defendieron la política inmobiliaria de CiU aduciendo que la Generalitat, que creció de golpe, no siempre pudo encontrar lo que hubiera preferido. "La prioridad era siempre la compra, aunque no siempre era posible", explicó un portavoz de la federación nacionalista. El criterio entonces, añadió, era la centralidad del edificio para facilitar accesos al funcionario y al ciudadano. "Además, el Ayuntamiento de Barcelona ofrece ahora al Gobierno catalán facilidades que a nosotros no nos daba", aseguró. Pese a ello, sugirió que el Ejecutivo que preside Pasqual Maragall acaba instalándose en zonas de promoción municipal con "accesos incómodos", para paliar los "fracasos" del gobierno municipal.