La creciente amenaza de las células durmientes

Desde 1999, el Gobierno español dispuso de informes preocupantes sobre la amenaza que suponía el terrorismo de origen islamista para el país. Desde ese año, el Ejecutivo leyó estudios de las Fuerzas de Seguridad en los que se apuntaba que España estaba sirviendo como refugio y apoyo logístico a activistas de numerosos grupos radicales islamistas, y también informes sobre la posibilidad de que España se convirtiera en objetivo de un atentado del terrorismo internacional.

Las primeras evidencias de aquellas alertas saltaron en julio de 2001, cuando la policía detuvo en Alicante al argelino Mohamed Bensakhria, lugarteniente del jefe de Al Qaeda, Osama Bin Laden, y miembro del comando Meliani, un grupo desarticulado en Alemania que pretendía atentar contra el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Después del atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y al Pentágono, los servicios de información españoles conocieron que el egipcio Mohamed Atta, jefe del comando terrorista del 11-S, y el yemení Ramzi Binalshibh, coordinador de los atentados, se habían reunido en Tarragona entre el 8 y 19 de julio de ese año para acordar los últimos detalles del ataque, que provocó más de 3.000 muertos.

El 13 de noviembre de 2001, la policía española logró desarticular la célula de Al Qaeda que investigaba desde 1995 de orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, de 39 años, su presunto dirigente, casado con una española, mantenía estrechos vínculos con los miembros de la célula de Hamburgo que ejecutaron el 11-S.

Ahora, el juez Juan del Olmo, que investiga los atentados contra los trenes de Madrid, ha pedido al Gobierno estos informes y todos aquellos que tengan relación con hasta 90 personas, todas ellas implicadas supuestamente en los atentados del 11 de marzo. El magistrado pide informes, entre otros, de los tres principales terroristas que formaron el comando del 11-M, Jamal Ahmidan, El Chino; Serhane Ben Abdelmajid, El Tunecino; y el argelino Allekema Lamari.

La mayoría de la documentación reservada que manejó el Gobierno del Partido Popular, sin que sirviera para desactivar a la célula terrorista que perpetró los atentados de Madrid, fue remitida al Congreso de los Diputados por el actual Ejecutivo socialista. Lo que sigue es su contenido principal, que ahora llegará al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo.

- Informe de Europol. Junio 2002. "España como país de tránsito". Durante una reunión de Europol celebrada el 4 de junio de 2002 en Bruselas, los responsables policiales emitieron un informe confidencial: "La principal pregunta no es si habrá otro ataque, sino quién lo hará, cuándo, cómo y contra qué objetivo". Los expertos señalaron que el riesgo para los países de la UE había descendido "por la fuerte reacción" tras los ataques del 11-S, "las operaciones policiales desarrolladas en Europa, el bloqueo de cuentas corrientes sospechosas de financiar a Al Qaeda, la liberación de Afganistán y la desaparición de los campos de entrenamiento terrorista, y la muerte y captura de algunos militantes".

En el capítulo referente a España se destacó que tras la detención de la célula de Barakat, en noviembre de 2001, "el nivel de amenaza ha descendido considerablemente". "De todas formas, hay otras investigaciones abiertas para detectar la existencia en nuestro país de nuevos grupos de Al Qaeda. Los viajes de Mohamed Atta y de Ramzi Binalshibh (...) están siendo investigados. Estamos todavía alerta ante cualquier clase de respuesta terrorista de organizaciones vinculadas a Osama Bin Laden", señalaba el documento, aprobado por los ministros del Interior de los Quince.

Ese informe señalaba que las actividades desarrolladas por los grupos radicales islamistas en España se centraban en "la infraestructura, reclutamiento, apoyo logístico y financiación, y en el uso de España como país de tránsito para los activistas que viajan desde el norte de África hacia otros países o viceversa".

- Informe Guardia Civil. Junio de 2002. "Posibilidad de un atentado en territorio nacional". El 25 de junio de 2002, la subdirección de operaciones de la Guardia Civil envió una nota a todas las unidades del cuerpo para informar de la posibilidad de un atentado terrorista por parte de un grupo islamista: "Noticias sin confirmar alertan sobre la posibilidad de un atentado terrorista de la organización Al Qaeda en territorio nacional. En consecuencia, disponga que se intensifiquen las medidas de protección, en especial de objetivos relacionados con intereses de EE UU e Israel (embajadas, consulados, bases militares, empresas multinacionales...)".

- Informe sobre el ataque de Casablanca. Guardia Civil. "Grave amenaza". La Unidad Central Especial de la Guardia Civil, dedicada a combatir el terrorismo islamista, elaboró un informe un mes después del atentado de Casablanca (Marruecos), el 16 de mayo de 2003, en el que anunció "la dimensión grave" de una amenaza de atentado en España. El documento señalaba que la proximidad geográfica del ataque terrorista afectaba "claramente" a España. El hecho de que se atentara contra la Casa de España, y la numerosa población de inmigrantes marroquíes en suelo español apoyaban esta evaluación de amenaza. "Consideramos que la valoración de la amenaza era importante y que podíamos vivir aquí una situación operativa parecida a la de Casablanca", señalaba el documento.

- Europol. Diciembre de 2003. "La guerra de Irak es un riesgo adicional para España".

Europol señaló en un informe que la guerra de Irak se había convertido "en un riesgo adicional para España" por su apoyo incondicional a la intervención militar.

- Informes del CNI. "Células durmientes". El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elaboró en 2003 varios informes en los que vinculaba el protagonismo de España en la guerra de Irak con el aumento del riesgo de atentados por parte de grupos integristas islámicos.

- 27 de octubre de 2003. En esta nota se advertía de que había que tomar "en serio" las amenazas contra España vertidas por el máximo líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. El CNI hacía en ese informe una "evaluación de la amenaza" que suponía para la seguridad nacional el terrorismo islamista.

Los expertos del centro de inteligencia llegaron a la conclusión de que la amenaza debía tomarse en serio, incluso si posteriores análisis demostrasen que la voz de la cinta difundida por la cadena qatarí no correspondía a Bin Laden.

La razón era que el llamamiento del líder de Al Qaeda se consideraba auténtico entre los radicales islamistas y cualquiera podía ejecutar su dictado, aunque no recibiera una orden expresa, lo que no resulta necesario en la nebulosa de grupos, sin estructura jerárquica, que utilizan la marca terrorista islamista.

El servicio secreto constató la existencia de una creciente hostilidad hacia España en la opinión pública árabe. El informe del 27 de octubre aludía a la celebración en Madrid de la Cumbre de Donantes para la Reconstrucción de Irak, los días 23 y 24 de ese mismo mes, como otro acontecimiento que había colocado a España en el primer plano. Y mencionaba la detención, el 5 de septiembre en Granada, del corresponsal de Al Yazira Tayseer Alouny, que entrevistó a Bin Laden durante la guerra de Afganistán, y cuyo encarcelamiento en España por orden del juez Baltasar Garzón tuvo un amplio eco en los medios de comunicación árabes.

El informe del CNI subrayaba la presencia en España de varios grupos de radicales islamistas que podían actuar como "células durmientes" y activarse en cualquier momento para cometer atentados terroristas.

La investigación de la matanza del 11-M en Madrid confirmaría medio año más tarde uno de los aspectos más sorprendentes que incluía la nota elaborada por el servicio de inteligencia español: la conexión entre radicales islamistas y elementos vinculados a la delincuencia común. El informe del CNI también constataba que las bombas de Casablanca no sólo habían tenido entre sus objetivos la Casa de España, sino que la posterior represión de la policía marroquí había provocado una fuga hacia territorio español, en busca de refugio, de individuos relacionados con el integrismo islamista, lo que constituía un riesgo adicional.

El CNI siguió los pasos de algunos de ellos, especialmente en Ceuta y Melilla, donde tenía mayor experiencia y facilidad de penetración el servicio secreto español. Todos estos elementos llevaron al CNI a concluir en su informe que existía un riesgo serio de atentado islamista en un plazo de tiempo no muy largo.

Aunque entre los objetivos probables de los terroristas el CNI apuntaba a las tropas españolas en Irak o intereses españoles en países árabes, no descartaba atentados en territorio español. El documento mostraba especial preocupación por la seguridad de las aeronaves de Estado, quizá porque se redactó pocos días después del viaje que, entre el 19 y el 23 de octubre, realizaron los Reyes a Siria y varios emiratos del golfo Pérsico.