Mamografías en 40 días por la privada

El bajo tono dialéctico del debate se elevó sólo en algunos puntos. Sobre todo en los referentes a la sanidad, el medio ambiente, las infraestructuras y el empleo.

SANIDAD Discrepancias en lo público

Fernando Marín, el portavoz de IU, calificó de "esperpento el fin de las listas de espera quirúgica, que se ha conseguido manipulando las estadísticas". Según él, la Comunidad no hace listas de espera, sino "de clientes para sus amigos de las clínicas privadas". Y alegó que conocía gente que lleva más de año y medio esperando a ser operado de un cáncer.

"Usted ha mentido a los madrileños y a las madrileñas", le dijo a Aguirre. "La lista de espera en especialidades como urología, ginecología o traumatología tienen un plazo de espera de hasta un año. No ha resuelto la espera, ha cerrado las agendas para que nadie tenga el derecho a esperar".

También Simancas insistió en el asunto. "Usted prometió 30 días máximo", señaló. Y acusó a Aguirre de utilizar "trucos de trilera" para maquillar las listas. "La espera sigue siendo espera, la cuente como la cuente", agregó.

La presidenta se desmarcó con un anuncio: puso fecha a su compromiso del día anterior a que las "madrileñas no tendrán que esperar más de 40 días para realizar una mamografía". El plan se aplicará a partir del próximo 2 de enero de 2007, según concretó Aguirre tras buscar el día más idóneo. Hasta ahora, la media en esta prueba diagnóstica estaba en 247 días.

Marín le retó a especificar qué inversión iba a hacer en comprar mamógrafos y en contratar profesionales para prestar el servicio. Pero Aguirre reveló: "Lo vamos a hacer con 15 millones, porque vamos a desviar a la privada los que no asuma la sanidad pública".

La presidenta mantuvo que la sanidad debía ser universal y gratuita, pero disintió de Marín al decir que debía ser pública. "A la gente le da lo mismo que la mamografía sea en la pública o la privada. Lo que quiere es que se la hagan", recalcó. Aguirre sí admitió, en cierta medida, que las transferencias sanitarias que pactó el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón con José María Aznar fueron insuficientes. "Se nos transfieron, en 2001, 3.600 millones y el gasto anual supera los 5.500 millones, a los que hay que sumar otros 800 de inversiones. El Gobierno central no nos reconoce los 775.000 madrileños más que viven en la región. Nosotros soportamos los gastos, y ellos

[el Gobierno central], los ingresos". Pero Simancas rompió una lanza para defender al Ejecutivo que dirige su partido. "Muchos de esos ciudadanos nuevos de fuera ya estaban aquí cuando se negoció la ley en 2001. ¿No se preveía entonces ningún recurso para ellos?", planteó.

EMPLEO Puestos de trabajo

Marín insistió en que la Comunidad ha perdido en tres años 35.000 empleos del sector industrial y que se han cerrado empresas como Alcaltel, Lucent, Ericsson, Agfa, La Cocinera, Piaggio, Poliseda... Según el dirigente de IU, el 78% de los empleos se concentra en el sector servicios. "O sea que destruimos empleos en los sectores más dinámicos y se genera allí donde hay menos productividad".

"El empleo industrial ha aumentado un 2% en el primer trimestre del año", afirmó la mandataria del PP. "No sé de dónde saca usted los datos", le reprochó a Marín la presidenta.

MEDIO AMBIENTE Campos de golf

En su intervención, Marín lanzó sus dardos sobre la Consejería de Urbanismo y Medio Ambiente y contra el Canal de Isabel II: "Parece que le gusta seguir la máxima de Bush para evitar los incendios, mejor talar los árboles".

"Son muy bonitos los anuncios que el Canal ha hecho para el ahorro del agua. ¿Por qué no se dirigen también a los 28 campos de golf de esta Comunidad, de los cuales sólo dos parecen regados con agua reciclada? Junto a los trabajadores, el Medio Ambiente es la segunda víctima de su concepción mercantilista, conservadora y especuladora del mundo de la economía", puntualizó.

Simancas echó mano de la historia y recordó a la presidenta que ha pasado de "encadenarse a los árboles" para que no los cortaran, cuando era concejal de Medio Ambiente en Madrid, a "ser cómplice de Gallardón en el mayor arboricidio que se ha hecho en la capital".

También en el pasado buscó Aguirre para echar en cara al portavoz socialista su incoherencia, pues hubo un tiempo en que éste apoyó convertir en autovía la carretera de los pantanos. Blandiendo un recorte de EL PAÍS de diciembre de 2000, Aguirre leyó: "Los ecologistas lamentan que Simancas fuera a la marcha de la M-501", en la que participaron 2.000 personas en San Martín de Valdeiglesias. Ahora el líder socialista se opone a esta obra.

EDUCACIÓN Colegios concertados

Marín afirmó que el consejero de Educación, Luis Peral, había "convertido su despacho en un consultora inmobiliaria dedicada a regalar suelos públicos a empresas privadas otorgándoles conciertos" y recordó que el 48% de los colegios concertados supera el máximo de alumnos permitidos por aula. "La decisión de Educación de permitir el incremento de alumnos por aula de 25 a 28 estudiantes en la primaria y de 30 a 33 en secundaria, supone que los colegios concertados aumenten esta ratio a costa de las plazas que deberían tener reservadas para los inmigrantes".

Simancas destacó tres problemas que preocupan a los madrileños: la falta de plazas, sobre todo en educación infantil; el fracaso escolar; y la supresión de becas para estudiantes con menor renta.

Pero la presidenta no le aceptó las críticas: "Dice que no invertimos en los problemas de los madrileños: ¿Le parecen pocos los 80 colegios bilingües yla reducción de aulas transitorias en un 70%?".

INFRAESTRUCTURAS Mintra

Aguirre polemizó con el portavoz socialista sobre si el Ejecutivo central apoyó o no a la Comunidad, cuando la Comisión Europea reclasificó la empresa encargada de la ampliación del metro, Mintra. "Ha sido una decisión política", aseguró la presidenta.

"Se ponga como se ponga, fue una decisión técnica", le respondió Simancas. "Fue una decisión de Eurostat porque lo que ustedes estaban haciendo era una chapuza: hacer colar una empresa pública como privada. Y la Comisión les dijo que hicieran el metro con una contabilidad legal y transparente".

A lo que la presidenta replicó: "Si fue una chapuza, la haría [Pedro] Solbes, que era el comisario del que dependía Eurostat".