CATÁSTROFE EN EE UUColumna
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Katrina y la Constitución

Cuando el propio George W. Bush, un político no precisamente dado a reconocer sus propios errores, no ha dudado en calificar de "inaceptable" la respuesta federal a la catástrofe causada por el huracán Katrina, a nadie puede extrañar la unanimidad en la dureza de las críticas a las autoridades locales, estatales y federales por parte de todos los medios de comunicación estadounidenses, liberales o conservadores, incluida la superconservadora cadena televisiva Fox, y que se ha traducido en una caída en picado de Bush en las encuestas hasta niveles, un 38%, inéditos para un presidente en el primer año de su segundo mandato. Desde "vergüenza y escándalo nacional" hasta "parálisis oficial", los titulares no hacen sino reflejar la perplejidad y posterior indignación popular ante la ineficacia demostrada por las autoridades locales, estatales y federales ante una catástrofe no imprevista, como la del 11-S, sino anunciada machaconamente durante más de una semana por los servicios meteorológicos correspondientes.

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El fracaso de los tres niveles de gobierno del país ha sido total e inexcusable y así lo pondrá de manifiesto la comisión de investigación independiente -no la que propone Bush, sino una parecida a la del 11-S-, que, no tardando mucho, se constituirá a instancias del Congreso en respuesta al clamor popular que exige conocer qué falló, por qué falló y quiénes son los responsables de los fallos. La falta de liderazgo por parte del alcalde de Nueva Orleans, Roy Naguin, primero; de la gobernadora de Luisiana, Katherine Blanco, después, y del presidente Bush y de su Administración, por último, fue clamorosa. La toma de decisiones en las 48 horas siguientes al choque del Katrina con el delta del Misisipi brilló por su ausencia. Como acusa la prensa, parecía como si las autoridades hubieran sufrido un ataque de parálisis. ¿Falta de reflejos? Absoluta. Pero, también, una ausencia de claridad del sistema sobre la división de responsabilidades en el sistema federal más antiguo del mundo. Cuando Bush, en respuesta a un periodista que el lunes le planteaba en las calles de Nueva Orleans el tema de la descoordinación, se manifestaba a favor de que el Congreso clarificara de una vez las competencias locales, estatales y federales en catástrofes de este tipo, no sólo trataba de esquivar su responsabilidad, sino que respondía a una realidad constitucional que, como antiguo gobernador de un Estado, conoce muy bien: la zona borrosa que existe en muchos casos entre los poderes estatal y federal. Y esa zona gris existe porque la Constitución deliberadamente así lo quiso. Su décima enmienda dice taxativamente: "Los poderes NO delegados por la Constitución a los Estados Unidos (el Gobierno federal) ... son competencia de los Estados respectivos o del pueblo (de esos Estados)".

A la vista de esta enmienda, es más fácil comprender, aunque no justificar, la negativa de la gobernadora Blanco a poner bajo el mando militar federal a la Guardia Nacional de Luisiana y el papel no de protagonismo, sino de apoyo a las tropas estatales, desempeñado por parte de las unidades de combate federales enviadas a la zona, imposibilitadas, como recordaba J. M. Calvo en una crónica, a realizar labores de policía por una ley de 1868 promulgada poco después de la guerra civil.

Naturalmente, lo que no explica la décima enmienda, por ejemplo, es qué hacía un inútil como Michael Brown, aparte de ser amigo de un amigo de Bush, sin la más mínima experiencia en temas de protección civil, al frente de un organismo clave como la agencia federal para la gestión de emergencias (FEMA), ni por qué la ayuda federal tardó cinco días en llegar a la zona. El Katrina puede terminar ahogando a Bush en su segundo mandato. Pero, difícilmente, cambiará una tradición bicentenaria basada, en palabras de Woodrow Wilson, en "la subdivisión y difuminación de la autoridad". Los fundadores establecieron deliberadamente un sistema de gobierno débil y diluido, lo que no quiere decir ineficaz. Como escribía hace tiempo el sociólogo y economista laborista Harold Laski, "la concentración de poder atenta contra la raíz de ese sistema; se considera un-american (no americana) y un ataque a la libertad".

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 15 de septiembre de 2005.

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