IU exige al Gobierno 7.000 millones de aumento en gasto social

Izquierda Verde (IU-ICV), uno de los socios preferentes del Gobierno, desgranó ayer sus exigencias para la negociación presupuestaria con los socialistas que se cerrará en las próximas semanas. Se trata de destinar 7.000 millones de euros, casi el 70% de los 9.421 millones de incremento del gasto autorizado con respecto al año pasado, a partidas que para esta formación marcarían un "giro social, ambiental y municipal".

Gaspar Llamazares (IU) y Joan Herrera (ICV), los dos principales negociadores de este grupo, anunciaron ayer en rueda de prensa que si el PSOE quiere lograr su apoyo a los Presupuestos tendrá que aceptar estas exigencias, que desgranaron en una serie de partidas básicas para esta formación.

De modo genérico, Izquierda Verde se concentra en aumentar la protección social, reducir la temporalidad y siniestralidad en el empleo, incrementar la inversión en investigación y en becarios, potenciar el ferrocarril tradicional, mejorar la cooperación al desarrollo y ampliar las condonaciones de deuda y la apuesta por el desarrollo sostenible.

En la práctica, esto se traduce en la distribución de esos 7.000 millones en partidas presupuestarias que se repartirían de la siguiente manera: 200 millones para acogida de inmigrantes, 150 para ayuda al desarrollo, 300 para las personas dependientes, 100 en I+D+i, 100 en vivienda pública, 100 para apoyar la ley de violencia de género, 50 para inspectores laborales, 50 en energías renovables, 200 para el ferrocarril convencional y 50 para recuperación de la memoria histórica.

En gasto social directo irían 5.150 millones, repartidos fundamentalmente en 2.000 para sanidad, 500 para educación, 100 para servicios sociales, 300 para mejorar la calidad del empleo, 500 para reducir la temporalidad, 200 en pensiones no contributivas. Para medio ambiente se calcula un aumento de 1.500 millones.

Además, se exige una subida del salario mínimo interprofesional hasta el 60% del sueldo medio, 563 millones para mejorar la financiación municipal y 243 para que los funcionarios recuperen su capacidad adquisitiva.

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