Una constructora asegura que fue "engañada" por empresas de ex altos cargos de UPN
Concepción Flores, propietaria de la constructora que vendió el solar de uso escolar en el que el ex alcalde de Egüés Ignacio Galipienzo quiso construir un apartotel, declaró ayer ante la comisión parlamentaria que investiga el caso que la trama empresarial a la que aparece vinculado el ex alcalde, de UPN, le "engañó" asegurando que querían el suelo para levantar un centro geriátrico.
Flores manifestó que el grupo de empresas al que estaban vinculados Galipienzo y Emilio Izquierdo, ex director general de Industria del Gobierno foral, ocultó sus verdaderas intenciones y siempre mantuvo que deseaban promover la construcción de una residencia de ancianos.
El grupo empresarial Cetya-Aricam, del que Izquierdo fue director general hasta diciembre de 2004, utilizó una de sus sociedades, Salud Laboral 3000, para negociar con Flores y comprar la parcela. El asesor legal de la constructora, José Javier Iribarren, declaró también que en la escritura de compraventa del solar figuraba como objeto social de los compradores la creación y explotación de geriátricos. Flores señaló que su empresa fue "utilizada" por los ex cargos públicos regionalistas. "Si hubiéramos sabido quién estaba detrás de Aricam no hubiera creído que querían el suelo para hacer un geriátrico y quizá no hubiéramos vendido", precisó la declarante.
La responsable de Constructora Flores, impulsora de la urbanización de Gorraiz donde se ubica la parcela a la que Galipienzo otorgó una licencia irregular para levantar un apartotel, señaló que desconocía las vinculaciones societarias que unían a José Luis Ruiz, con quien negoció la venta, con el ex alcalde de la localidad.
300.000 euros
No obstante, Flores reconoció que pagó a Ruiz a través de la empresa RMA Urbana más de 300.000 euros por trabajos de intermediación. Galipienzo declaró en su día ante el juzgado de Aoiz que investiga los hechos que estas comisiones se las repartieron Ruiz y él por sus gestiones ante la constructora.
La vendedora de la parcela defendió que siempre actuó conforme al planeamiento urbanístico del valle, en el que la parcela figuraba como de uso escolar-dotacional, tras fracasar sus intentos por recalificarla para construir pisos. "Cuando supe que el alcalde había otorgado una licencia de construcción para un apartotel nos sentimos engañados y provocó en mí algo más que sorpresa", dijo ante los parlamentarios.
La propietaria del terreno precisó que desconocía las relaciones societarias que unían a su asesor legal, José Javier Iribarren, con Galipienzo. Iribarren se negó a contestar a las preguntas sobre la empresa de lavanderías Linasec, de la que era copropietario con Galipienzo. Flores vendió a Galipienzo dos viviendas en la urbanización de Gorraiz. La constructora reconoció ayer que en las listas de UPN al Ayuntamiento figuraban "varios clientes" suyos.
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