Sanidad paga a sus proveedores de tecnología con dos años de retrasos y debe 580 millones

La patronal del sector de tecnología sanitaria (Fenin) terció ayer en el debate previo a la Conferencia de Presidentes Autonómicos que abordará la financiación de la sanidad y puso de relieve, una vez más, el calibre del problema que arrastra la Generalitat Valenciana. Los proveedores de tecnología para el Servicio Valenciano de Salud (SVS) cobran con un retraso medio de 720 días, prácticamente dos años, y reclaman una factura acumulada de 578,5 millones de euros, según las estimaciones de Fenin sobre datos relativos a finales del pasado mes de mayo.

Rambla sugiere "definir" los servicios que hay que ofrecer a los ciudadanos

Pedro Solbes, Jordi Sevilla y Elena Salgado, responsables de Economía, Administraciones Públicas y Sanidad del Gobierno, presentaron ayer los primeros detalles de una propuesta para paliar los problemas que entraña la financiación del servicio público de Sanidad que se someterá en profundidad a todos los responsables autonómicos de Hacienda el próximo día 7 y se debatirá en el seno de la Conferencia de Presidentes Autonómicos prevista tres días después. La iniciativa vincula una aportación del Estado con un esfuerzo paralelo de cada comunidad autónoma para elevar sus ingresos a través de impuestos o tasas sobre el alcohol, el tabaco o los carburantes.

La respuesta genérica del PP fue negativa. Pero los responsables de Hacienda y Sanidad de la Generalitat Valenciana se las ingeniaron para salvar la disciplina de partido sin "cerrar las puertas a un acuerdo", en palabras de Gerardo Camps.

La Generalitat Valenciana es la administración autonómica gobernada por el PP donde más grave es el problema. La intervención de la patronal Fenin, una entidad que agrupa a 500 empresas proveedoras de tecnología sanitaria a excepción de medicamentos, viene a situar el debate en sus justos términos.

Si la Intervención General de la Administración del Estado cifró en 720 millones de euros el déficit de la Sanidad valenciana en 2003, o el consejero Vicente Rambla admitió el lunes pasado que cerrará el ejercicio 2005 con un desfase presupuestario en torno a los 600 millones de euros, Fenin recordó ayer que, además, la Generalitat Valenciana paga a sus proveedores con dos años de retraso y acumula facturas que sumaban, a 31 de mayo, 578,5 millones de euros.

La Junta de Andalucía ocupa el segundo lugar en la relación de morosos de proveedores de tecnología sanitaria ya que paga con un retraso medio de 460 días y acumula facturas que suman 635,5 millones de euros.

Los gobiernos regionales de Baleares, Canarias o Castilla-León pagan con un retraso que oscila entre los 205 y los 240 días y acumulan una factura conjunta próxima a los 190 millones de euros.

Cataluña y la Comunidad Valenciana son las dos autonomías que registraron un mayor desfase del gasto sanitario en 2003, pero la Generalitat de Catalunya cerró el ejercicio 2004 con un retraso medio en los pagos a proveedores de tecnología sanitaria de 115 días, algo menos de cuatro meses.

Fenin, a través de un comunicado, recordó las penalizaciones que impone la ley a las administraciones morosas, que llegan a alcanzar los siete puntos porcentuales por encima del interés del Banco Central Europeo. "En consecuencia", explica la patronal, "la cifra global que las comunidades autónomas han tenido que abonar a los proveedores de tecnología sanitaria por recursos de reclamación de intereses, alcanza un total de 228 millones de euros". Fenin remata: "Con una financiación adecuada, dicha suma podría destinarse a la mejora de la Sanidad española, en lugar del abono de intereses".

La Generalitat Valencia acumulaba a finales de 2004 casi un tercio de la deuda total de las administraciones autonómicas a sus proveedores de tecnología sanitaria, 520 millones de euros sobre un total de 1.696 millones.

Rambla, consejero de Sanidad, aseguró ayer que su presupuesto ha crecido un 30% en dos años, planteó al Gobierno la necesidad de revisar el censo de población para paliar el déficit sanitario y sugirió "definir" el marco de servicios que hay que ofrecer a los ciudadanos entre todas las comunidades autónomas "para ser capaces de contener el gasto sanitario".