Chile intenta bloquear el arbitraje sobre la propiedad del diario 'Clarín'
El periódico, propiedad de un español, fue confiscado por Pinochet
El Gobierno chileno ha comunicado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial, su decisión de recusar a los miembros del tribunal de arbitraje sobre la propiedad del diario Clarín, el matutino de mayor circulación de Chile confiscado por la dictadura del general Augusto Pinochet tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
El propietario, el ciudadano de nacionalidad española y chilena Víctor Pey, acudió al arbitraje en 1997 tras fracasar en sus esfuerzos por recuperar la propiedad del periódico con la idea de relanzar su publicación. Pey invocó el Acuerdo de Protección de Inversiones firmado entre España y Chile para acudir al Banco Mundial. En su demanda, Pey sostiene que realizó una inversión extranjera de un millón de dólares (830.000 euros) para comprar las acciones de Clarín en los años setenta del siglo pasado.
El tribunal comenzó a estudiar la demanda, que solicita una indemnización de 500 millones de dólares, y los argumentos del Gobierno de Chile hace ahora nueve años. Mientras, según denuncia Pey, el Gobierno chileno fraguó una operación por la cual indemnizó a falsos propietarios que nunca acreditaron la posesión de las acciones y se negó a devolverle tanto los activos como el edificio del periódico.
Chile cuestionó la competencia del CIADI y recusó a algunos miembros del tribunal, logrando cambiar su composición.
El 29 de julio pasado, el tribunal informó que ya tiene su propuesta de arbitraje, la cual sería anunciada en septiembre. El 23 de agosto, Chile hizo saber al CIADI que ha decidido ahora recusar al presidente del tribunal, el jurista suizo Pierre Lalive, y a los otros por presunta incapacidad. El argumento: el tribunal se ha demorado demasiado. También informó de que no está en condiciones de abonar 250.000 dólares necesarios para los gastos de la última fase del arbitraje. El tribunal tiene 30 días para resolver sobre la recusación. Pey ha anunciado que aportará los 250.000 dólares que el Gobierno chileno se niega a pagar.
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