El Consejo Consultivo ve inconstitucional la propuesta de financiación de CiU

El Consejo Consultivo de la Generalitat, organismo encargado de dictaminar sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán y sus enmiendas, considera inconstitucional la propuesta de financiación de Convergència i Unió (CiU), similar al concierto económico del que gozan únicamente el País Vasco y Navarra. La federación nacionalista que lidera Artur Mas ha hecho de su propuesta de financiación un caballo de batalla político contra el Gobierno tripartito y ha intentado atraer a Esquerra Republicana (ERC) hacia sus posiciones. CiU considera insuficiente la propuesta del Ejecutivo catalán.

Aunque el dictamen del Consultivo no es vinculante, fuentes del Gobierno catalán daban ayer una gran importancia a este rechazo que juzgaban como un revés político a la federación nacionalista que históricamente ha tenido a gala mostrar su respeto exquisito a la Constitución. Ayer mismo el portavoz parlamentario de la federación nacionalista, Felip Puig, trataba de relativizar las decisiones que adopte el Consultivo. "No nos harán cambiar el rumbo", sentenció Puig. La propuesta de financiación de CiU no forma parte de la propuesta de reforma del Estatuto, sino que es una enmienda de las 554 que también serán analizadas.

En el curso del debate sobre esta cuestión concreta de la financiación, el vocal nombrado a propuesta de Esquerra, Jaume Vernet, mantuvo "una postura singular", equidistante entre las defendidas por los dos bloques, según diversas fuentes consultadas. De acuerdo con esta versión, los dos juristas nombrados a propuesta de CiU -Jaume Camps y Agustí Bassols- presentaron observaciones particulares a la resolución de la mayoría, integrada por los vocales Joaquim Tornos, Pere Jover -propuestos por el PSC-, Joaquim Borrell -por el PP- y Marc Carrillo, por ICV-EUiA.

Las fuentes consultadas no precisaron si se había producido materialmente la votación, pero en cambio indicaron que la mayoría se había manifestado claramente en la redacción de la ponencia al respecto. De acuerdo con la misma versión, los juristas aprecian algunos elementos de inconstitucionalidad en el modelo auspiciado por las fuerzas que apoyan al Gobierno catalán, que las citadas fuentes no precisaron.

Cuota de solidaridad

La propuesta de CiU, que fue rechazada en el trámite de comisión parlamentaria el pasado 29 de julio con los votos de PSC, ERC e ICV, prevé la existencia de una cuota destinada a sufragar los servicios que el Estado presta en Cataluña y una cuota de solidaridad, así como la creación de una agencia tributaria propia. La gran diferencia con el concierto vasco es el porcentaje destinado a la solidaridad interterritorial, que Artur Mas ha cifrado en un máximo de 2% del PIB. Los convergentes juzgan excesivo el plazo de 15 años para equiparar los rendimientos del nuevo modelo de la izquierda catalana a los que produce el sistema foral.

El tripartito, en cambio, quiere que la agencia tributaria catalana esté consorciada o coordinada con sus homólogas en el resto de España. La propuesta también contempla que esta agencia recaude todos los impuestos y después ceda al Estado un máximo del 50% de los tributos compartidos (IRPF, IVA e impuestos especiales, además del de Sociedades).

La decisión sobre financiación es la primera que trasciende de las decisiones del Consultivo, organismo que deberá dar a conocer la totalidad de sus trabajos el próximo lunes, 5 de septiembre. La decisión del Consultivo servirá para aclarar la situación que ha llevado la división al seno del propio tripartito catalán, al votar Esquerra Republicana junto a CiU los derechos históricos en el texto estatutario, en contra del criterio del PSC. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, tiene previsto iniciar a partir de la próxima semana una serie de contactos con dirigentes de todas las fuerzas políticas catalanas, lo que no impide que se celebren sesiones bilaterales entre partidos. Esquerra instó ayer a socialistas y a CiU a negociar directamente y en un solo paquete las divergencias sobre financiación y derechos históricos.

En este sentido, destacados representantes del empresariado catalán han dirigido una carta al presidente de la Generalitat en la que urgen un acuerdo entre Maragall y Mas sobre el Estatuto y "cuanto antes mejor". En la carta, los dirigentes empresariales expresan su disposición a "apoyar la aprobación" de la reforma estatutaria.

Tras afirmar que "hemos vivido un cuarto de siglo de autonomía, paz y progreso" en el marco de la Constitución y el Estatut de 1979, "es hora de ponerlo al día". Entre los firmantes de la carta figuran: Ramon Adell (Asociación Española de Directivos); Josep Lluís Bonet (Fira de Barcelona), Jordi Canals (director general de IESE); Jordi Carulla (Agrolimen); Adriana Casademont (Casademont); Isidre Fainé (La Caixa); Javier Godó (Grupo Godó); Josep González (Pimec); José Manuel Lara (Círculo de Economía); Jordi Mercader (Miquel y Costas); Josep Oliu ( Banco Sabadell); Mariano Puig (Corporación Puig); Miquel Roca (Roca Junyent abogados); Leopoldo Rodés ( Instituto de Empresa Familiar); Joan Rosell (Fomento del Trabajo); Narcís Serra (Caixa Catalunya); Joan Uriach (Grupo Uriach) y Miquel Valls (Cámara de Comercio).