Los municipios de Cádiz encabezan la lista de morosos de Hacienda y la Seguridad Social
El Gobierno endurecerá en septiembre las medidas contra los Consistorios más deudores
Un informe del Ministerio de Economía y Hacienda sitúa a la provincia de Cádiz a la cabeza del índice de morosidad municipal con el Estado. Los ayuntamientos gaditanos adeudan al fisco 191 millones de euros, básicamente por retenciones del impuesto de la renta y cuotas repercutidas del IVA a trabajadores y proveedores no ingresados en Hacienda o por cotizaciones de la Seguridad Social no satisfechas. La mayoría de los Consistorios afectados han incumplido el requerimiento del Ministerio para presentar un plan de saneamiento y ahora el Gobierno ha dado un último plazo que vence en septiembre. En caso contrario, el Ejecutivo restringirá la financiación a estos municipios.
El endeudamiento con el Estado es una vía de financiación extraordinaria a la que recurren habitualmente los Ayuntamientos necesitados de recursos. Por ejemplo, los gobiernos locales retienen una cantidad en las nóminas de su plantilla a cuenta del impuesto sobre la renta, pero no las ingresan en Hacienda. O retrasan el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social que le corresponden como empleador de sus trabajadores.
Para cobrar estas deudas cuando superan una cierta cantidad, el Ministerio de Economía y Hacienda empieza a retener una parte del dinero que reservan al Ayuntamiento cada año los Presupuestos Generales en concepto de participación en los tributos del Estadio. La ley permite una retención inmediata del 50% de esta transferencia anual, aunque, para "garantizar la prestación de servicios públicos obligatorios" el Ministerio puede dejarla en el 25% anual si el Ayuntamiento presenta un "plan de saneamiento" que permita estabilizar las finanzas del Consistorio en un tiempo determinado.
De los 44 municipios de la provincia de Cádiz, 18 son deudores con la hacienda pública y, en su mayoría, no disponen de un plan local de saneamiento con el que reconducir esta situación. El montante total, 191 millones de euros, sitúa a la provincia gaditana como la más morosa del país, seguida de Málaga con impagos por valor de unos 182 millones. Son datos recogidos por un informe oficial del Ministerio de Hacienda, que ayer divulgó el diputado socialista por Cádiz, Salvador de la Encina.
Sanlúcar de Barrameda
El estudio llama especialmente la atención sobre el grave nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, gobernado por PP y Alternativa Sanluqueña. Este municipio debe a las arcas estatales 47,5 millones y su crítica situación financiera llevó el pasado mes de julio a los empleados municipales a movilizarse ante el temor de que el cobro de las deudas por el Estado impida mantener la actual plantilla. Según Hacienda, el Ayuntamiento, gobernado por el popular Juan Rodríguez, ha dejado de pagar a la Seguridad Social unos 38 millones por cotizaciones que debe afrontar como cuota empresarial. La oposición política de Sanlúcar denunció en junio que el plan de saneamiento con el que el gobierno local pretende hacer frente a la deuda plagia "en capítulos enteros" al de Zaragoza, lo que, según el PSOE sanluqueño pone de manifiesto que "no hay voluntad de solventar la situación". En el informe no se precisa si Hacienda ya ha dictaminado sobre la viabilidad del plan.
El segundo Ayuntamiento en morosidad es el de Jerez, con 24,5 millones. En este caso, el Consistorio presidido por la socialista Pilar Sánchez, que gobierna en alianza con PSA de Pedro Pacheco, ha presentado ante el Ministerio de Hacienda un plan de Saneamiento en que se establece un calendario de pago a largo plazo.
El tercer municipio deudor, según el informe, es el de Puerto Real, gobernado por José Antonio Barroso, de Izquierda Unida. El Consistorio ha incumplido la petición para que presentase un calendario de pagos para normalizar la deuda de 18,9 millones antes del 14 de junio. Una situación similar padece el municipio de Barbate, gobernado por el popular Juan Manuel de Jesús, con un débito de unos 18 millones, que no cuenta aún con el obligado plan de saneamiento y mantiene un presupuesto municipal prorrogado del pasado año.
Ante esta situación, el Gobierno, según explicó ayer el diputado socialista por Cádiz Salvador de la Encina, tiene intención de incrementar las retenciones que en la actualidad practica a las contribuciones económicas del Estado a los ayuntamientos. Según el dirigente socialista, a partir de septiembre, los Consistorios que no hayan presentado un programa para contener el gasto público y hacer frente a las deudas pendientes sufrirán retenciones que pueden oscilar entre el 75% y el 100%, de forma que los ayuntamientos no recibirían ingresos estatales en tanto se mantenga la actual situación. "El Gobierno aplicará estas medidas estrictamente con criterios técnicos, sea cual sea el color del ayuntamiento afectado", aseguró.
