¿Quién defiende a la Guardia Civil?

Juan Martínez Galdeano salió muerto del cuartel de Roquetas tras ser golpeado por varios guardias civiles al mando de un teniente que intentó ocultar las circunstancias que provocaron ese desenlace; pero fue la propia Guardia Civil la que descubrió el intento, informó del mismo a través de la línea de mando y tomó las primeras medidas cautelares contra ese teniente. Hubo, por tanto, como en su momento adelantó el ministro del Interior, resistencias a la investigación por parte del principal investigado, pero no encubrimiento por parte de sus superiores. Ésa fue la conclusión más importante de la comparecencia del ministro ante la comisión de Justicia e Interior del Congreso para informar sobre el caso Roquetas.

Fue una comparecencia rigurosa. José Antonio Alonso admitió el carácter desafortunado de las declaraciones en tono exculpatorio del director general de la Guardia Civil, Gómez Arruche, pero defendió sin fisuras su actuación: la decisión de alejar al teniente del cuartel desde el primer momento, para facilitar la investigación, y la ulterior de separarle del cargo y abrirle expediente tras comprobarse que había tratado de ocultar dos elementos esenciales: la utilización de material prohibido (las porras con que golpeó al vecino de Roquetas) y las imágenes de la paliza que recoge el vídeo del cuartel, y que según su confesión hubiera borrado de saber que existían.

A esa ocultación se refería Alonso, en sus declaraciones del día 6, al hablar de resistencias a la investigación. El portavoz del PP, Ignacio Astarloa, consideró que, al denunciar públicamente tales resistencias y hablar de "trato inhumano" al detenido y de "abuso de autoridad" de los agentes que intervinieron, el ministro había puesto a la Guardia Civil "a los pies de los caballos". Es una grave acusación que no probó. Es cierto que la coincidencia entre investigación judicial e interna puede (y suele) plantear problemas. Pero en este caso, y a la vista de lo que se sabía una vez que se difundió la autopsia del fallecido, hubiera resultado insólito que no se adoptara ninguna medida disciplinaria cautelar, o que se adoptase pero se ocultase a la opinión pública o no se dieran las razones de la misma.

El PP actúa a veces como si el honor de la Guardia Civil fuera un asunto de su exclusiva competencia. Sin embargo, el ministro -y luego otros portavoces- había subrayado insistentemente que los comportamientos individuales de algunos guardias no deben afectar al crédito de la institución como tal, y que precisamente la forma de separar una cosa y otra consiste en depurar con rigor las responsabilidades cuando se produce un abuso. Por eso era decisivo dejar claro que no había habido intentos de encubrimiento ni tampoco falta de diligencia al adoptar las medidas adecuadas a lo que en cada momento se sabía.

Es cierto que el Gobierno dio sensación de pasividad en el tiempo que separa las primeras medidas cautelares, el 26 de julio, dos días después de los hechos, de las reacciones en cadena que se producen a partir de la difusión de los resultados de la autopsia. El ministro lo justificó diciendo que habría sido imprudente ir más allá de lo que se había ido antes de conocer esos resultados. Es cierto, pero eso no explica las vacilaciones posteriores sobre quién y en qué fecha debía comparecer ante el Congreso, con la excusa de que había que dar tiempo a la investigación. Según el relato del propio ministro, para entonces ya se sabía lo que ayer explicó. En esto tuvo razón Astarloa, pero en todo lo demás sus críticas -que el ministro sólo buscaba defenderse a sí mismo, que había un conflicto entre Interior y Defensa, o entre el ministro y el director de la Guardia Civil, etcétera- fueron superficiales o demagógicas. Su petición de dimisión de Alonso sonó artificiosa, a manual de obligado cumplimiento.

Eso no quita gravedad a lo ocurrido. Los detalles conocidos plantean muchos interrogantes. Al margen del estado en el que se encontrara, no es normal que alguien que acude a pedir protección a un cuartel sea detenido y apaleado. Tampoco lo es que los superiores del teniente ignoraran que había sido objeto de varias denuncias judiciales por malos tratos, por mucho que los casos hubieran sido sobreseídos. Y no se entiende la actitud del director general al minimizar el asunto. El ministro rechazó las insinuaciones de algunos portavoces nacionalistas sobre un sistema procesal que favorecería la persistencia de la tortura, pero mostró su disposición a reforzar los mecanismos internos de inspección y evaluación de la relación entre agentes y detenidos en instalaciones policiales. Fue la segunda conclusión más importante de la comparecencia.