Actualizar RTVE

Aún recuerdo cuando, todavía en la oposición, decíamos que reformaríamos la radio y la televisión públicas para homologarlas a nuestro entorno europeo, consiguiendo así unos medios públicos plurales, objetivos, desgubernamentalizados y saneados económicamente.

La incredulidad era siempre la respuesta de nuestros interlocutores, que pensaban que ningún Gobierno renunciaría al suculento caramelo que representa instrumentalizar políticamente RTVE.

En el origen de esta incredulidad estaba la trayectoria que había seguido el PP. La radio y la televisión públicas fueron uno de los ejes de la campaña electoral que llevó al poder a José María Aznar en 1996. Como en tantos otros asuntos, el PP realizó un sinfín de promesas que nunca tuvo intención de cumplir. Ocho años más tarde, el Gobierno popular había multiplicado por cinco la deuda del Ente y, lo que es casi peor, había instaurado en los pasillos de Torrespaña un nivel de manipulación informativa inédito en cualquier otra nación democrática. Una manipulación que se hacía sin complejos ni disimulos, tanto que provocó la condena de la Audiencia Nacional, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.

Ése es el tipo de comportamiento que produce el descrédito de la política. Creer que los programas electorales son sólo promesas de cara a la galería que caducan el día después de las elecciones.

Sin embargo, también recuerdo que los socialistas dijimos, una y mil veces, que no queríamos llegar al Gobierno para hacer lo mismo que los demás. Recuerdo que establecimos compromisos más que promesas electorales y recuerdo bien aquel "No nos falles".

A lo largo de su democracia, España ha demostrado su capacidad de adaptación, de innovación e incluso de liderazgo en múltiples sectores hasta el punto de convertirnos en un ejemplo para nuestros vecinos. No era éste el caso de nuestros medios de comunicación de titularidad pública que seguían regidos por una ley de hace veinticinco años. Una ley redactada cuando no formábamos parte de la Comunidad Europea, cuando no existían las televisiones privadas, ni la televisión por satélite o por cable, ni la televisión digital, ni siquiera Internet.

Era pues necesario actualizar RTVE en un nuevo marco audiovisual caracterizado por su diversidad, por la aparición de nuevos operadores y nuevas tecnologías en un entorno mucho más extenso como es la actual Unión Europea.

Teníamos una importante tarea pendiente como país. Una tarea de regeneración democrática haciendo de RTVE un motivo de orgullo para los españoles, como lo es, con todas las reservas que se quiera, la BBC para los británicos.

Primero fue una idea, luego un programa electoral, más tarde un informe del llamado Comité de Sabios y ahora un proyecto de Ley del Gobierno que el Parlamento discutirá en otoño.

Llega pues la hora de la verdad, la hora de que unos y otros se retraten y aporten, de que aprueben o rechacen este proyecto en el Parlamento. Al PP ya no le valen las palabras huecas, los aspavientos o las hipérboles.

Ahora toca decir si se quiere que el director general de RTVE se elija de forma consensuada o que siga siendo designado por el Gobierno. Ahora hay que decir si se quiere o no un Consejo de Administración fuerte y más participativo. Ahora tienen que decir si quieren una RTVE saneada desde el punto de vista económico, incluyendo la asunción de una deuda que ha sido generada, en su mayor parte, precisamente por los Gobiernos del PP.

La primera reacción de los dirigentes populares demuestra su desconcierto ante una iniciativa que jamás imaginaron que se haría realidad. Primero, porque ellos no la habrían adoptado ni en ocho ni en 80 años que hubieran estado en el poder; y segundo, porque no pensaban que otro Gobierno tendría el coraje político de aprobarla. Eran y son conscientes de que un cambio de esta naturaleza supondrá que, si algún día recuperan el poder, ya nada volverá a ser igual porque no podrán llevar a cabo su contrastada política de manipulación informativa.

Puede que su reacción no sea más que otro reflejo de una oposición desnortada, que no encuentra su sitio, que va siempre un paso por detrás de un Gobierno que está cumpliendo con sus compromisos a un ritmo superior al que muchos podrían imaginar.

En todo caso, el PP tiene una excelente oportunidad para expiar sus pecados del pasado contribuyendo a modernizar RTVE.

Lo importante es que esta reforma cubre una necesidad democrática, una equiparación con nuestro entorno europeo y una dignificación de nuestras instituciones. Pero, sobre todo, responde a un derecho de los verdaderos propietarios de RTVE, los ciudadanos, que requieren información veraz y por lo tanto plural, entretenimiento sano, nuevos servicios avanzados tecnológicamente y formación adecuada. En definitiva, un servicio público de calidad.

Con la aprobación de este proyecto de ley por parte del Consejo de Ministros se han puesto los cimientos y se han dibujado los planos de la radio y la televisión públicas del siglo XXI. En otoño construiremos el edificio, esperemos que con la colaboración de todos, porque de todos es esta responsabilidad democrática.

Óscar López Águeda es portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Control de RTVE.