Los obispos muestran su enfado porque el proyecto se ha aprobado "por sorpresa" y sin diálogo

El portavoz de los obispos, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, tenía ayer un gran enfado, nada más conocer que el Gobierno acababa de aprobar "por sorpresa", dijo, la reforma educativa. Él mismo y otros eclesiásticos pensaban reunirse en el Ministerio de Educación para hablar de la enseñanza de religión en la escuela, a la misma hora en que el Consejo de Ministros tomaba el acuerdo. La reunión saltó por los aires. Pasadas con creces las 14 horas, el portavoz episcopal compareció ante los medios de comunicación para expresar su disgusto, con la lectura de un comunicado titulado Ley de Educación, inaceptable y por sorpresa.

Que ayer iba a reunirse la Comisión Mixta Gobierno-Conferencia Episcopal lo habían anunciado el jueves las agencias de noticias, sin que nadie anulase la que iba a ser la primera reunión formal de una comisión creada el pasado 23 de junio con gran aparato mediático, "en orden a negociar las cuestiones que afectan a la Iglesia y al Estado por venir reguladas en los Acuerdos entre éste y la Santa Sede", recordó el portavoz episcopal.

"El proyecto de Ley es, por tanto, de la responsabilidad exclusiva del Gobierno, ya que no ha habido diálogo ni negociación alguna respecto del mismo. Este procedimiento no es respetuoso con los usos habituales en materias afectadas por tratados internacionales", añadió Martínez Camino, antes de recordar que "la Conferencia Episcopal ha manifestado sus propuestas reiteradamente, por escrito y de palabra, a las autoridades gubernativas sin haber obtenido más resultado que el que hoy [por ayer] lamentamos".

El comunicado episcopal también opina sobre el fondo de la cuestión. Dice: "Tras una primera lectura del texto legal debemos manifestar nuestro desacuerdo con el mismo", entre otros motivos porque "recorta el derecho fundamental de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, morales y pedagógicas" y porque "limita gravemente la libertad de la escuela católica".

Los prelados invitan "a padres, profesores, alumnos e instituciones católicas a poner el máximo empeño en la defensa de un marco legal que permita la educación integral de niños y jóvenes en justicia y libertad", y concluyen: "Sólo se pide el respeto de lo pactado en acuerdos internacionales".