Menores en patera

Los problemas que plantea la llegada de menores marroquíes inmigrantes no acompañados a España no sólo no se resuelven, sino que se agravan. La causa es sencilla: son cada vez más numerosos, hasta el punto de desbordar las instituciones de acogida y de tutela, en especial de Andalucía y Canarias. Hasta no hace mucho, se aventuraban por los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. Ahora han pasado a engrosar los flujos de inmigración irregular arriesgando sus vidas en patera rumbo al archipiélago canario o la costa andaluza. Empiezan a contarse por miles.

A España le corresponde resolver en primera instancia esos problemas, pero Marruecos, que está en el origen de esa situación, no puede desentenderse. Un gesto importante para intentar resolverla es el acuerdo suscrito por los responsables de inmigración de los dos países por el que Rabat se compromete a crear, con ayuda técnica y financiera de Madrid, centros de acogida y formación para sus menores inmigrantes repatriados. La solución es a medio plazo -en el mejor de los casos, el primer centro se abriría a finales de 2006-, pero el problema no desaparece con parches o medidas coyunturales como hasta ahora, sino con acciones que obliguen a Rabat a largo plazo. Y a los países exportadores de inmigración sólo se les puede comprometer si se les ayuda a superar una situación que les desborda, como ha señalado más de una vez la Comisión Europea.

El acuerdo supera todo lo convenido hasta ahora, pues responsabiliza a las autoridades marroquíes de la tutela de los menores repatriados, una condición indispensable para que España deje de ejercitar la que le corresponde por ley. Habrá, en todo caso, que vigilar de cerca que el pacto se cumple en sus términos y que los centros se destinarán a los fines previstos. El último acuerdo sobre devolución de menores inmigrantes, suscrito con Rabat en diciembre de 2003, fue demasiado genérico, al contentarse el Gobierno español con ponerlos sin mayor compromiso en manos de las autoridades fronterizas marroquíes. Y tampoco es una solución tratar a estos menores como si fueran adultos, como pretendió el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, al ordenar a los fiscales que procedieran a la solicitud de repatriación inmediata de los extranjeros de entre 16 y 18 años.