Dictamen polémico

El dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) considera dicho texto legal correcto en su tramitación y acorde con la Constitución, pero introduce algunas observaciones que no pueden dejar de inquietar al Ministerio de Educación. "No aparece por ningún lado", dice el dictamen, el deber de estudiar, cuando debiera figurar "el primero de la lista". El máximo órgano asesor del Estado lamenta también que la reforma emprendida por la ministra San Segundo se olvide de los "valores esenciales y tradicionales" de la educación, que no haga mención al "mérito", la "capacidad" y el "esfuerzo personal" del alumno o que deje en segundo plano la necesidad de que el "sistema educativo transmita conocimientos objetivos de las humanidades, artes y ciencias".

Algunos de los conceptos manejados por el dictamen suscitarán el máximo acuerdo. Nada parece más lógico que subrayar los deberes y las responsabilidades de los estudiantes al hilo de una ley de Educación. Pero hay aspectos del dictamen que tienen claros ecos políticos. Se trata de valoraciones más propias de un órgano legislativo, que difícilmente casan con el papel del Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del Gobierno y cuya función principal radica en velar por la observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Es cierto que en el caso de los proyectos de ley el Consejo de Estado debe dictaminar también sobre la oportunidad de la legislación, pero este dictamen parece desbordar incluso este juicio de oportunidad jurídica para entrar en el juicio político e ideológico.

Es cierto, como recuerda el Consejo, que a muchos ciudadanos les produce desesperanza la incapacidad de los sucesivos Gobiernos y sus oposiciones para llegar a un pacto de Estado en un terreno donde, como reveló el informe PISA, España necesita de un esfuerzo común y sostenido para levantar cabeza. Pero precisamente por ello, por la necesidad de un acuerdo, no parece lo más recomendable que sea un organismo arbitral el que eche más leña al fuego.

El resultado de tal actitud, tenga o no razón, deja en segundo plano algunos aspectos inquietantes revelados por el informe sobre la tramitación de la ley. Tal es el caso de las quejas emitidas por el Ministerio de Hacienda sobre la falta de una memoria económica que avale la reforma o las del Ministerio de Medio Ambiente sobre el retroceso que se da en un tema tan sensible como la educación ambiental. Aspectos que Educación debería proceder rápidamente a mejorar antes de llevar su proyecto al Congreso.