Luz verde a los consejos de justicia autonómicos y los jueces de proximidad

El Consejo de Ministros aprobó ayer la tramitación del anteproyecto de ley orgánica que creará consejos de justicia en las comunidades autónomas, sin invadir las competencias del CGPJ, reforzará los tribunales superiores de justicia de las autonomías e intensificará la función unificadora del Tribunal Supremo para impartir doctrina. El uso de los idiomas cooficiales por parte de los jueces se tramitará en una proposición de ley. El Gobierno también ha aprobado el anteproyecto de ley que crea la figura del juez de proximidad en los municipios de más de 175.000 habitantes.

El anteproyecto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial recibió ayer el visto bueno del Consejo de Ministros. Ahora lo deberán informar la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, anunció que antes de fin de mes convocará a la Comisión Sectorial de Justicia -que reúne a los consejeros de todas las autonomías- para explicar el alcance de la reforma. También dijo que lo someterá a deliberación a las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales.

López Aguilar también afirmó, en la conferencia de prensa posterior al Consejo, que la reforma no está condicionada por el pacto que el Gobierno mantiene con los nacionalistas ya que, recordó, estaba recogida en el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones. En esta misma línea, aseguró que la creación de los consejos de justicia de las comunidades autónomas responde a una inquietud antigua manifestada desde los distintos sectores, que se reflejó en ya en el Libro Blanco de Justicia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Los consejos superiores de justicia "no van a mermar las facultades fundamentales del Consejo General del Poder Judicial", dijo, pues "no invaden, en ningún caso, las competencias exclusivas en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de los jueces que la Constitución reserva al Consejo General del Poder Judicial".

Competencias exclusivas

López Aguilar insistió en que los nuevos consejos asumirán las actuales competencias de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de las autonomías "sin afectar a su núcleo duro". Concretamente, emitirán informes sobre los nombramientos discrecionales de cargos judiciales ubicados en la comunidad autónoma, ejercerán las competencias que le delegue el Consejo General del Poder Judicial y asumirán las atribuciones en materia de justicia que le atribuyan los estatutos de autonomía.

El ministro defendió el refuerzo del papel de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas como cúspide de la organización judicial en sus territorios con el argumento de que es "totalmente necesario descargar de asuntos al Tribunal Supremo" para "dedicarle a unificar doctrina". Recordó que si el Supremo tiene ahora 18.000 casos acumulados en espera de sentencia es porque han fallado las instancias inferiores: los tribunales superiores de justicia.

El Consejo de Ministros propuso también la creación de la figura del juez de proximidad en las ciudades de más de 175.000 habitantes situadas en las comunidades autónomas con transferencias en materia de justicia. Los nuevos jueces, según la reforma propuesta por el Gobierno, serán abogados con más de seis años de ejercicio de la profesión a los que nombrará el Consejo del Poder Judicial, y se ocuparán de pleitos penales y civiles de menor entidad, como desahucios o juicios de faltas y juicios verbales donde la deuda exigida no exceda de 3.000 euros.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, justificó la reforma en que "desgraciadamente la justicia es percibida como un servicio lento, lejano y, en más de las ocasiones deseadas, ineficaz".

Las reformas anunciadas ayer no regularán el uso de los idiomas cooficiales por parte de los jueces. Su uso se regulará a través de una proposición de ley, presentada por el Parlamento catalán en el Congreso, que plantea que para acceder al puesto de juez o magistrado en las comunidades autónomas será considerado un "mérito determinante" el conocimiento del euskera, catalán o gallego en el caso de empate a puntos.