El PP acusa al Gobierno de entregar la justicia al "chantaje nacionalista"

El PP planteará una enmienda a la totalidad a la reforma de la Ley del Poder Judicial que ayer puso en marcha el Gobierno con el triple argumento de que "rompe la unidad de la justicia en el país y la igualdad de los españoles ante la ley"; se hace para dar satisfacción al "chantaje de los nacionalistas" y, en concreto, a ERC, y va en contra del "espíritu constitucional".

Ignacio Astarloa, secretario de justicia e interior del PP, resumió ayer el rechazo de su partido en sus cuatro elementos clave. El PP se opone "al desapoderamiento del Tribunal Supremo y su sustitución por 17 tribunales superiores de justicia". Rechaza "que se abra la puerta a 17 consejos del poder judicial autonómicos que resten funciones al Consejo General del Poder Judicial". Censura la creación de juzgados de proximidad porque teme "que sean ocupados por jueces de proximidad política al Gobierno a los que luego se ascienda en la carrera judicial". Y ve "gravísimo" que pueda exigirse el conocimiento de las lenguas autonómicas para acceder al cargo de jueces en las autonomías, aunque esa faceta de la reforma quede para una proposición de ley que se tramitará en el Parlamento.

"Las reformas que está planteando el Gobierno ponen la primera piedra en la destrucción de la justicia como poder unitario, tal y como está previsto en la Constitución española", afirmó ayer Astarloa. Según él, esta reforma inicia "el camino de la hiperpolitización de la justicia" y, por ello, tendrá la "férrea" oposición del PP para "salvar la justicia en este país". Según este dirigente del PP, el PSOE, en los años ochenta, "ya incurrió en el error de ocupación política de la justicia", y esta reforma "va en la misma línea".

Los juzgados de proximidad son, en opinión de Astarloa, un claro vehículo para tal politización. "Crean un nuevo escalón en la planta judicial de forma frívola", afirmó, pues no se dice ni siquiera quién va a pagar esos jueces. Añadió que con esos nuevos jueces "se cambia el sistema de elección" en la judicatura y se abre la puerta a, otra vez, jueces de "un turno" político que luego pueden ser promocionados "a la Audiencia" o a otros puestos "y no por su conocimiento de las leyes".