Desmanes urbanísticos: responsables y futuro

En La Crónica del 10 de julio, con su habitual estilo, el autor, repartiendo una de cal y otra de arena con relación al "puro desmán" a que ha sido sometida la franja costera de la Comunidad Valenciana, nos proporciona su resumen del estado del urbanismo valenciano finalizando con una preocupante recomendación (¿o velada amenaza?): "Pues que lleven cuidado -los socialistas- porque el tiro puede salirles por la culata dada la cantidad de alcaldes de su cuerda que son reos de los mismos desafueros que ellos acusan".

Lamento no tener arte suficiente para compensar los efectos de los "comunicadores, persuasores y vendecabras" a los que también alude porque, efectivamente, gracias a ellos, a los ciudadanos de a pie nos es difícil conocer a qué es debida la lamentable -por incontrolada, antisocial e insostenible- situación a la que se nos ha llevado y quiénes son los principales responsables de la misma.

No obstante, hay algunas cuestiones en el artículo sobre las que no me resisto a opinar ya que, particularmente, discrepo de su afirmación de que los abusos se hayan cometido amparándose en la todavía vigente ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU). Por el contrario, sostengo que el principal causante de los abusos no es la LRAU sino la política -urbanística y general- del PP.

En los diez largos años de gobierno, el PP no ha tenido ningún interés en aprobar -con la participación pública, social y política que la Ley establece- ningún plan para definir la estrategia de utilización del territorio en el marco de un desarrollo sostenible y estableciendo las condiciones para la redacción de los diversos Planes municipales atendiendo al interés general. Sí me consta, por el contrario, que el anterior gobierno de la Generalitat, en 1995, recién aprobada la LRAU, estaba llevando a cabo los trabajos previos necesarios para establecer la ordenación territorial, al menos de las zonas con mayor presión urbanizadora. De hecho, para el conjunto de la Comunidad, se habían anticipado ya algunos Planes Sectoriales con efectos territoriales como el de Carreteras y el de Saneamiento, entre otros.

La indiscriminada ocupación del territorio no es por la LRAU sino por la política de la Generalitat. Principalmente en los últimos años, el PP ha consentido interpretaciones contrarias a lo establecido por la LRAU permitiendo que los promotores hayan asumido competencias públicas tramitando Programas de Actuación (PAI) sobre suelos no urbanizables, simultáneamente a su reclasificación y sin ajustarse al procedimiento establecido. De este modo, se ha utilizado el territorio sin previo debate público, permitiendo que sean los "agentes urbanizadores" quienes decidan dónde y cuándo urbanizar, al margen del interés general.

No es correcto afirmar que son los Ayuntamientos quienes han aprobado los controvertidos PAI. De nada sirve que un alcalde esté a favor de determinadas actuaciones urbanísticas si éstas no son aceptadas por el conseller cuya competencia es velar por el interés general. Los promotores saben muy bien las competencias de los alcaldes y las del conseller Blasco. Intuyo que, contrariamente a lo que viene afirmándose, mayoritariamente los "agentes urbanizadores" han actuado de modo inverso: una vez asegurado que el conseller Blasco no se opondrá a los desarrollos pretendidos, se ha acudido al correspondiente ayuntamiento. En los tiempos que corren, es impensable que un alcalde pueda oponerse a lo que el conseller Blasco tenga por admitido y comprometido (¿No fue en Dénia donde el Ayuntamiento tuvo que ampliar el suelo urbanizable para asegurar la aprobación de un Plan General Transitorio? ¿Es en Paterna donde dificulta la protección de un espacio natural de alto interés?). Más impensable aún es que un ayuntamiento se oponga a una propuesta de "desarrollo" presentada por el propio conseller bajo la identidad del IVVSA o de empresas asociadas: Gran Nou Manises, Nou Mileni de Catarroja, la Bega de Cullera, etc. Tampoco si es para beneficiar a una sociedad deportiva con muchas voces, como en Porxinos (¿panem et circenses?).

En este contexto, ¡ay del Ayuntamiento que no se doblega a determinados intereses! Entre otras posibilidades, las amenazas de mociones de censura y tránsfugas lloverán sobre él.

Por estas razones entiendo que, ni aún en el supuesto de que algún alcalde socialista sea reo de la política del PP, puede el PSPV-PSOE tener excusa ni razón para no denunciar y actuar para reconducir la situación a la que hemos llegado: una Comunidad Valenciana con población pero sin ciudadanos que participen de las decisiones territoriales; es decir, situada en el primer peldaño para regresar a los tiempos de aquél que creyó dejar todo atado y bien atado, o aún peor.

Mª Pilar Núñez es arquitecta urbanista.