Trabajo pone reparos a que la 'mili' cotice para cobrar pensión

Un millón de pensionistas (exactamente 1.003.069, el 12,5% del total) verán mejorada su pensión, con un aumento medio de 17,61 euros mensuales, si prospera la iniciativa de CiU de que el servicio militar o la prestación sustitutoria cuenten como tiempo cotizado a efectos de pensión. Un informe que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha remitido al Congreso pone reparos a esta medida debido a su coste, que cifra en 267 millones al año.

La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso aprobó el 23 de septiembre del pasado año una proposición no de ley que instaba al Gobierno para que, "en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo y a través del diálogo social, aborde la problemática del posible reconocimiento del periodo de tiempo dedicado al servicio militar obligatorio y a la prestación social sustitutoria para la incidencia en las percepciones de prestaciones de la Seguridad Social". Además, pedía al Gobierno que enviase, en un plazo de ocho meses, un estudio sobre el coste de esa medida.

Dicho estudio, fechado el pasado 16 de mayo y elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cifra en 1.003.069 el número actual de pensionistas varones a los que, al jubilarse, se aplicó una base inferior al 100% de la base reguladora, por no haber cumplido 35 años de cotización.

"Según la regla general, un año adicional de cotización comprendido entre el 16º y el 25º, ambos incluidos, supone un [aumento del] 3% de la base reguladora; a partir del 26º, un 2%".

En consecuencia, según el estudio, el incremento de dos puntos supondría un gasto suplementario de 247,28 millones de euros al año, contando tanto el aumento inicial de la pensión como las revalorizaciones anuales, que experimentaría un aumento medio mensual de 17,61 euros.

Pacto de Toledo

Además, según datos de 2004, cada año hay 65.299 nuevos pensionistas varones que no perciben complemento de mínimos y cuyas pensiones no alcanzan el 100%, que podrían beneficiarse de la medida con un coste anual de otros 20,17 millones de euros.

Por último, habría que contar con los jubilados que no tienen derecho a cobrar pensión contributiva por no llegar al mínimo de 15 años de cotización y sí podrían tener derecho a ella si se contabilizara el tiempo de mili.

A partir de estos cálculos, el informe no oculta sus reparos a la iniciativa, que considera contraria a "los principios de contribución y proporcionalidad", fijados por el Pacto de Toledo, y que no beneficiaría a quienes ya cobran la pensión máxima, al haber cotizado 35 años o más.

"En cualquier caso", concluye, "de llevar a cabo la medida indicada, la misma debería quedar circunscrita a la acreditación de los periodos de cotización exigibles para el acceso a prestaciones económicas de la Seguridad Social y siempre que la realización del servicio militar hubiera sido posterior al inicio de una actividad laboral, suspendida por el cumplimiento" del mismo.

Carles Campuzano, diputado de Convergència i Unió (CiU) e impulsor de la iniciativa, discrepa profundamente de estos reparos. Recuerda que el fondo de reserva de la Seguridad Social, al que el Gobierno acaba de inyectar 3.500 millones de euros, tiene ya una dotación de 27.000 millones, por lo que "hay margen para mejorar las prestaciones".

Campuzano agrega que, en la medida en que el servicio militar y la prestación social sustitutoria (PSS) se han suprimido, el coste de esta medida tenderá a reducirse o desaparecer a largo plazo. "Se trata", alega, "de resolver el problema de una generación, que ha tenido que dedicar a la sociedad un año o más de su vida".

Pero, sobre todo, argumenta, "es una cuestión de estricta justicia". En su opinión, Trabajo se equivoca cuando alega que su propuesta va en contra del principio de contributividad.

"Nadie puede decir que estas personas no han contribuido a la sociedad", afirma, "cuando se les obligó a trabajar para el Estado sin recibir nada a cambio, tuvieron que suspender sus estudios o abandonar su empleo, y ahora, cuatro décadas después vuelven a ser discriminados respecto a quienes se libraron por una razón un otra. No es lógico que cobren una pensión reducida o no tengan derecho a ninguna sólo porque se vieron imposibilitados de cotizar a la Seguridad Social mientras hacían la mili o la prestación sustitutoria".

En septiembre, concluye, CiU volverá a plantear el asunto en el Congreso y espera contar entonces con el apoyo de los demás grupos, incluido el socialista.