Defensa pagó 7,4 millones por la cobertura sanitaria de 4.296 personas ya fallecidas

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), dependiente del Ministerio de Defensa, pagó en 2002 casi 1,2 millones de euros a compañías aseguradoras por la cobertura sanitaria de 4.296 personas ya fallecidas. Así lo evidencia el informe de fiscalización del Isfas en el periodo 2002-2003, aprobado por el Tribunal de Cuentas. El informe cifra en 7.428.450 euros el coste acumulado desde 1987 de la cobertura sanitaria a fallecidos y advierte de que "estos pagos innecesarios pueden generar la exigencia de eventuales responsabilidades contables de los funcionarios".

El Isfas es un organismo público adscrito al Ministerio de Defensa, al que corresponde su "tutela y vigilancia", que gestiona el Régimen Especial de la Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Sus afiliados (casi un millón de personas), son militares, guardias civiles, parte de los funcionarios civiles de Defensa y sus familias, a quienes presta atención sanitaria (directamente o mediante conciertos con la sanidad pública o privada) y algunas prestaciones económicas y sociales.

El Tribunal de Cuentas ha detectado "múltiples incidencias" en su base de datos de titulares y beneficiarios. La más llamativa es que en diciembre de 2002 figuraban como dadas de alta 4.296 personas ya fallecidas, pero no es la única.

En 44 casos, la fecha de alta de un beneficiario era anterior a la creación del Isfas y, en cinco casos, a su propia fecha de nacimiento. Además, aparecen 644 titulares mayores de 100 años, "de los cuales, con evidente error", agrega el informe, "70 eran mayores de 110 años".

Doble afiliación

Más importancia económica tiene el hecho de que no se pueda acreditar el derecho a la afiliación de 319.048 perceptores, casi el 40% del total, que se incorporaron en los cuatro primeros meses de existencia del Isfas; o que no conste el DNI de 223.359 afiliados; o que casi 200.000 pertenezcan también a otras mutualidades o sistemas sanitarios, lo que duplica el gasto y ocasiona "el consiguiente menoscabo de los caudales públicos".

Tantas anomalías han impedido al Tribunal de Cuentas no sólo "conocer con exactitud el número de personas que realmente deben figurar en este régimen de Seguridad Social, sino verificar la corrección de los pagos a las entidades privadas y públicas que mediante conciertos prestan la asistencia sanitaria" a sus afiliados.

Sí constata, sin embargo, algunos pagos irregulares. Por ejemplo, el del servicio de teleasistencia en Madrid y Cartagena, pese a estar expresamente excluidas, o la prórroga de dos contratos con clínicas privadas de San Fernando y Cartagena para el servicio de urgencia, que ya prestaba la sanidad pública.

El Tribunal de Cuentas subraya, además, que los conciertos suscritos en el año 2002 por el Isfas con entidades de seguro privado excluyen la aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, lo que es "contrario a nuestro ordenamiento jurídico".

No es éste el único aspecto que evidencia falta de control. El Isfas carece de un procedimiento para verificar la liquidación de las cuotas que se deducen del sueldo de los cotizantes y tampoco tiene un sistema eficaz de control de las recetas expedidas por las farmacias militares. Sólo en un plazo de siete meses quedaron más de 50.000 recetas por falta de datos. El propio tribunal detectó 199 recetas a nombre de fallecidos.

Este descontrol es más preocupante porque los fondos propios del Isfas se han reducido en un 38,19% desde 1999, mientras que la tesorería ha disminuido en un 48,84%. El informe recomienda adoptar "medidas para corregir esta situación", como "un incremento de las cotizaciones de los funcionarios en activo, o de las aportaciones del Estado, así como la minoración de los gastos de asistencia sanitaria, para lo cual resulta fundamental una revisión de los beneficiarios del Isfas".