La UE impone una multa récord a Francia por pesca de alevines

La doble multa impuesta ayer por el Tribunal de Justicia europeo a Francia no tiene precedentes. Es la primera vez que los jueces imponen una sanción a tanto alzado (20 millones de euros) además de otra coercitiva (57,7 millones por cada semestre que siga sin acatar las normas europeas). La razón es que, desde 1984, Francia permite la pesca de talla inferior a la permitida, esquilmando los recursos marinos por encima de lo tolerable. Los jueces han considerado en su sentencia la persistencia francesa en el incumplimiento, además de su capacidad financiera para afrontar las multas.

"Éste es el resultado cuando un país persiste en una infracción", proclamó ayer la portavoz de Pesca de la Comisión Europea, Mireille Thom, tras conocer la sentencia del Tribunal de Justicia europeo. "Esperamos que tenga un efecto disuasivo en el resto de la UE", añadió. "Nuestro objetivo es el de velar por una pesca sostenible que garantice el porvenir del sector y por ello debemos asegurarnos de que se cumplen las normas", declaró el comisario de Pesca, Joe Borg.

La Comisión Europea fue la que dio la voz de alarma hace ya casi 20 años sobre la actitud francesa, que permitía la venta de pescado de talla inferior a la permitida en Europa sin aplicar controles sobre la malla de las redes utilizadas o haciendo la vista gorda sobre ello. Finalmente, en 1991, una sentencia del Tribunal de Justicia europeo dio la razón a Bruselas dictaminando que, en efecto, entre 1984 y 1987, Francia había infringido el derecho comunitario (pactado por todos los países, incluido Francia, como es habitual).

Falta de controles

En los siguientes años, y gracias a las múltiples inspecciones hechas por los técnicos de la Comisión Europea, se pudo comprobar que la actitud francesa no se había modificado y el resultado de tales pesquisas y de la consecuente denuncia ante el tribunal es la sentencia de ayer, que insiste en los mismos argumentos que la de 1991: venta de pescado de talla inferior a la permitida, falta de intervención eficaz de las autoridades francesas y ausencia de actuación diligente con controles efectivos.

A pesar de las pruebas en contra, las autoridades francesas continuaron después del año 2000 sin detectar infracciones y sin actuar contra los infractores. Los jueces estiman que tal actitud es contraria a la normativa comunitaria, que obliga a los países miembros a velar por su cumplimiento y a sancionar con multas "efectivas, proporcionadas y disuasorias" tales infracciones.

"Habida cuenta de la duración y de la gravedad de la infracción, así como de la capacidad de pago de Francia", dice el comunicado emitido ayer por el Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo, los jueces han condenado a este Estado a pagar una multa a tanto alzado de 20 millones de euros y una multa coercitiva de 57.761.250 euros, a partir de hoy por cada periodo de seis meses al término del cual siga sin ejecutarse íntegramente la sentencia de 1991.