La Generalitat abre expediente a tres de cada cuatro aseguradoras

La Agencia Catalana del Consumo (ACC), que depende del Departamento de Comercio, Turismo y Consumo, sancionará al 75% de las compañías de seguros ubicadas en Cataluña por infringir una media de cinco normas de consumo cada una. Las más frecuentes son las irregularidades en las hojas de reclamación y la falta de contratos en lengua catalana. Las sanciones, que se fijarán en un plazo mínimo de seis meses, pueden oscilar entre 3.000 y 30.000 euros según su gravedad.

Desde su creación hace poco más de seis meses, la ACC se ha propuesto inspeccionar todos los sectores que sus responsables creen que fueron "intocables" durante los sucesivos gobiernos de CiU. "Ya no hay sectores intocables, sino empresas que lo hacen bien y otras que no", aseguró ayer el director de la ACC, Enric Aloy. La última campaña de oficio se efectuó a los bancos y cajas de ahorros que operan en Cataluña, y ya entonces sólo dos de las 56 entidades financieras inspeccionadas se libraron de las multas de la Generalitat.

En esta ocasión, sólo 18 de las 71 compañías de seguros revisadas han salido indemnes. Los inspectores han inspeccionado la sede de todas las empresas catalanas del sector, las oficinas principales de las que tienen su sede en otras ciudades y algunas sucursales. En total, se han realizado 73 inspecciones, en las que se han detectado 269 infracciones que han culminado en 53 expedientes sancionadores.

La infracción más frecuente (50 compañías) es la falta de carteles que indiquen que el establecimiento dispone de hojas de reclamación. En algunos casos, porque simplemente no existían. De las 71 empresas inspeccionadas, 39 no tenían estos documentos para quejarse o denunciar un posible abuso. Algunos establecimientos (30) ofrecían hojas de reclamación propias, lo cual no está permitido por la Generalitat, que reguló por decreto un modelo unificado de documento oficial.

La mayoría de empresas expedientadas también incumplen varios aspectos de la Ley de Política Lingüística. Esta normativa exige que los contratos de servicios tengan una versión en castellano y otra en catalán. La mitad de las empresas inspeccionadas lo ignoran. Aloy aseguró que la mayor parte de las compañías que no han infringido ninguna normativa tienen su sede social en Cataluña.

Otras irregularidades detectadas son la falta de carteles con los horarios comerciales y de documentos de ofertas de servicios en catalán.

Letra pequeña

La ley catalana también establece que la letra pequeña de los contratos no puede tener un cuerpo inferior a 1,5 milímetros. Cuando se aprobó en el Parlament, Unespa, la patronal del sector de los seguros, la recurrió porque entendía que la Ley del Contrato de 1980 prevalecía sobre las normativas de protección al consumidor por ser una norma mercantil y de ámbito estatal. Sin embargo, la ACC ha comprobado que sólo seis compañías siguen escribiendo la letra pequeña con un cuerpo inferior a 1,5 milímetros.

Las empresas que han incumplido estas normas serán sancionadas por falta leve y multadas con 3.000 euros. Sin embargo, Aloy afirmó que "si se detecta que la norma se infringe" en más de una de sus sucursales, "la falta se convierte en grave", que supone una sanción de 30.000 euros y su difusión pública.