¿En qué funciones?

Con la concepción patrimonialista del poder público de la que tantas muestras ha ofrecido en los últimos 15 años, el Gobierno gallego que todavía preside Manuel Fraga y se halla meramente en funciones sigue actuando estos días como si nada hubiera ocurrido en las elecciones del pasado 19 de junio. En lugar de prepararse para una entrega fluida del aparato de gobierno a la nueva mayoría resultante de los recientes comicios, tal como exige la ley y los usos democráticos, el Ejecutivo de Manuel Fraga parece empeñado en apurar hasta el final los privilegios del poder.

Desde que se celebraron las elecciones y el PP perdió la mayoría, no ha habido apenas un día en que el Diario Oficial de Galicia haya dejado de anunciar apresuradas convocatorias de concursos públicos, adjudicaciones de contratos o nombramientos de funcionarios para puestos de responsabilidad. En la inmensa mayoría de los casos, nadie ha logrado ofrecer razones para justificar la urgencia en el trámite de asuntos que van desde contratos para hacer estudios técnicos sobre cuestiones tan perentorias como "el análisis económico de los usos del agua" hasta la concesión de licencias para nuevas cadenas de radio y televisión digitales.

Mientras PSdeG y BNG permanecen enfrascados en las negociaciones para formar el próximo Gobierno, el demostrado empeño del Ejecutivo en funciones por repartir dispensas hasta el instante final está comprometiendo cuantiosas partidas de dinero público y, por tanto, condicionando la nueva legislatura de forma inadmisible. Tres días antes de las elecciones, la Xunta ya adjudicó un contrato de 97 millones de euros para construir uno de los edificios de la faraónica Ciudad de la Cultura de Galicia. En los próximos días, una empresa pública de la Administración tiene previsto conceder proyectos para gestionar servicios de aguas que suman otros 65 millones.

Más onerosa aún -y por tanto, más escandalosa si cabe- podría resultar una de las medidas que, según ha admitido Fraga, estudia el Gabinete en funciones: consolidar un cierto nivel administrativo -con sus correspondientes ingresos- para los 1.200 empleados públicos que ocupan cargos de responsabilidad por designación directa de sus superiores políticos. Fraga ha encargado que se estudie el asunto, después de que algunos de los interesados pusieran en circulación un documento grotesco, en el que expresan al todavía presidente su deseo de "volver a servir a un Gobierno gallego popular lo antes posible".

En las horas que siguieron a la confirmación de los resultados electorales, Fraga tuvo un comportamiento irreprochable, que contrastó con los de otros dirigentes de su partido ansiosos por impugnar los comicios. Se ha notado en el fundador del PP un comprensible afán por cerrar con dignidad su carrera política. Por eso extraña que no sea el más interesado en impedir actuaciones tan poco decorosas como las que exhibe su Administración en estos días de interinidad.