Fosas comunes, después del monolito

Tras algunos debates en el Parlamento Andaluz, consecuencia de la presentación de Proposiciones No de Ley por varios grupos parlamentarios y con el apoyo unánime de estos -casi siempre-, siguió la publicación de algunas ordenes y decretos de la Junta relacionados con la Recuperación de la Memoria Histórica y, más concretamente, sobre actuaciones en fosas comunes, entre otras cuestiones. Pero fundamentalmente, se venia a subvencionar, en el ejercicio 2004, a 55 ayuntamientos la instalación de monolitos que recordaran y, a la vez, sirvieran de homenaje, a los "asesinados" por el golpe del 18 de julio de 1936.

He asistido a varios de estos actos en representación de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) como vocal de exhumaciones, al igual que otros compañeros de la Asociación, por bastantes localidades andaluzas y hemos podido comprobar la necesidad de este tipo de actos, sobre todo por parte de los familiares más directamente afectados, pero también de muchos vecinos.

En algunos de esos monolitos (los menos) figuraban los nombres de aquellos hombres, mujeres y jóvenes de los que se tenía conocimiento, más o menos oficial -en muchos lugares aún no se ha podido hacer un estudio histórico riguroso-, por lo que en algunos casos se ha dejado espacio suficiente por si la lista aumentaba, como así ha ocurrido en más de una localidad.

Una vez pasados los primeros momentos de emoción las preguntas eran arrojadas, en aluvión, sobre los presentes, sin que nadie se atreviera a contestar: "¿cuándo se sacarán los restos?", "¿cuántas personas puede haber en esta fosa?", "¿se sabrá en algún momento a quiénes pueden pertenecen los restos óseos?". Pero sobre todo una pregunta es generalizada: "¿Cuándo se inscribirán esos nombres en los libros de registro y dejen de pertenecer al apartado de desaparecidos?"

En alguna ocasión he debatido con algún que otro responsable político la incoherencia de poner en un monolito una lista y después no actuar (como Ayuntamiento) para que esos nombres se inscriban definitivamente. No vale, ya está bien de dejar en manos de los familiares, que en muchos casos no se sabe dónde pueden residir, la realización de estas gestiones ante los juzgados correspondientes. Sean coherentes, si han realizado (o le han suministrado) un estudio contrastado de los vecinos de esa localidad ejecutados y/o asesinados, ¿por qué no terminan el trabajo?, ¿van a esperar otros veinticinco años.