Discrepancias en el tripartito retrasan las medidas contra el déficit sanitario

La adopción de medidas para reducir el déficit de la sanidad catalana lleva camino de eternizarse. Cuatro meses después del plazo fijado por la consejera de Salud, Marina Geli, para presentar estas medidas, el Gobierno catalán todavía no ha aprobado las propuestas que deben facilitar la reducción de un déficit que ya alcanza los 3.000 millones de euros. Las discrepancias en el tripartito han impedido un rápido acuerdo.

Se cumplieron ayer cinco meses desde que el grupo de sabios encargado de redactar propuestas para garantizar la viabilidad del sistema sanitario entregó su informe final al Gobierno catalán. El pasado 10 de febrero, tras recibir el bloque de propuestas, la consejera de Salud, Marina Geli, afirmó que el Gobierno catalán presentaría "en pocas semanas" el conjunto de medidas que aplicar para reducir el déficit. El pasado viernes, una portavoz del mismo departamento admitía que "el Gobierno todavía no tiene fecha para su presentación".

Fuentes del Departamento de Salud han explicado a este periódico que esta demora se explica por las dificultades de los tres partidos que integran el Gobierno catalán para alcanzar una propuesta común. El PSC, Esquerra e Iniciativa per Catalunya coinciden en la necesidad de que el sistema sanitario catalán reciba del Estado una financiación acorde a la cifra real de usuarios, que poco tiene que ver con los que había en 2001, fecha del último censo. Desde aquel año, la cifra de usuarios ha pasado de 6,4 a 7,3 millones, que son los que poseen una tarjeta sanitaria a día de hoy.

Pero más allá de las medidas que implican mayores aportaciones por parte del Gobierno central, el acuerdo en el tripartito ha sido difícil. Las eventuales medidas de copago, que el Gobierno catalán siempre ha rechazado oficialmente, han originado amplias discrepancias entre los tres partidos. Esquerra Republicana y el bloque formado por Iniciativa per Catalunya y Esquerra Unida i Alternativa siempre han asegurado que no aceptarán ninguna medida que implique el pago por la utilización de los servicios sanitarios públicos. Aunque la postura oficial del departamento es la misma, su máxima responsable, Marina Geli, no siempre lo mantiene con la misma intensidad.

En una entrevista emitida la semana pasada por Ràdio Girona, la consejera de Salud fue preguntada por la polémica propuesta que ella misma lanzó el año pasado y que abría la puerta a instaurar el pago de un euro por cada visita médica. En la entrevista, Geli, lejos de descartar tal medida, afirmó: "Está siempre encima de la mesa, debe estarlo en cualquier gobierno responsable". La consejera dijo, sin embargo, que su prioridad es lograr más fondos del Gobierno central.

El Departamento de Salud ya ha finalizado la redacción de un informe con el conjunto de medidas que pretende impulsar, pero éste todavía no ha recibido el visto bueno definitivo del Gobierno. El documento, que también debe ser asumido por el Departamento de Economía fue discutido el pasado martes en la reunión semanal del Gobierno catalán, pero no fue aprobado formalmente porque, según fuentes del Ejecutivo "no constaba oficialmente en el orden del día".

Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior a la reunión, el primer consejero, Josep Bargalló, se refirió al informe y anunció que el Gobierno expondría su postura en el Parlament el pasado jueves aprovechando una interpelación de Convergència i Unió sobre este asunto. La respuesta no se produjo. El consejero de Economía, Antoni Castells, que era quien debía hablar en nombre del Gobierno, se excusó alegando "problemas de agenda".A pesar de que las propuestas del Gobierno catalán para rebajar el déficit todavía no constan en ningún documento oficial, tanto el Departamento de Salud como el de Economía planean ya la aplicación de varias medidas que, de ser aprobadas definitivamente, el presidente de la Generalitat llevará a la Conferencia de Presidentes Autonómicos del próximo mes de septiembre.

De momento, la semana pasada, el consejero de Economía, Antoni Castells, ya se reunió con el ministro de Economía, Pedro Solbes, quien le expresó su compromiso de mejora de la financiación del sistema sanitario catalán. Sin embargo, Solbes expuso a Castells que las aportaciones suplementarias del Gobierno central deberán verse correspondidas con un esfuerzo similar por parte de la Generalitat a través de un incremento de los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco.

Una de las propuestas con más apoyos en el seno del tripartito es la de negociar con el Gobierno central que la Seguridad Social pague el 40% del importe que ahora asume la Administración autonómica de las recetas extendidas a los jubilados. Actualmente los jubilados no pagan nada por las recetas médicas, cuyo coste asume en un 60% el Gobierno central, a través del Sistema Nacional de Salud, y en un 40% la Generalitat.

Otra propuesta que genera consenso en el Gobierno catalán es la de pedir a la Seguridad Social que traspase a la Generalitat algunos de los edificios que este organismo tiene en Cataluña y que forman parte de la estructura del Instituto Catalán de la Salud (ICS). Además de los edificios de varios hospitales públicos, esta medida supondría traspasar a la Generalitat el edificio donde, precisamente, se encuentra la sede del ICS, en la confluencia de la Gran Via y la calle de Balmes de Barcelona.

La Generalitat también estudia cómo reajustar el pago por atención a desplazados. Cataluña, como polo de atracción turística y laboral, asume costes que la Generalitat entiende que deben compensar las comunidades de origen de estos usuarios. El Fondo de Cohesión, creado para sufragar el gasto sanitario que les supone a las comunidades la atención a los desplazados, no compensa suficientemente a Cataluña, según el tripartito.

Todas estas peticiones, aseguran las fuentes consultadas del Departamento de Salud, implicarían siempre un compromiso de la Generalitat en la mejora de la gestión de los hospitales y centros sanitarios. Para lograrlo se quiere impulsar la Agencia de Información y Calidad, que medirá el grado de excelencia, eficacia y buena gestión del conjunto del sistema.