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El Ayuntamiento planea vigilar con 20 cámaras la plaza Mayor

La finalidad de la red electrónica es reducir la delincuencia en la zona

El concejal de Seguridad, Pedro Calvo Poch, tiene ya muy avanzado el proyecto para instalar al menos 20 videocámaras en la plaza Mayor de Madrid. El objetivo de este despliegue de ojos electrónicos es mejorar la vigilancia en este céntrico espacio de la capital y evitar así la proliferación de robos. Los carteristas y descuideros suelen pulular por la zona para desvalijar a los turistas que pasean confiados. La instalación, cuyo coste estimado es de 170.000 euros, deberá ser aprobada por la Comisión de Garantías de Videovigilancia, que dirige el presidente del Tribunal Superior de Justicia.

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Calvo reveló hace un mes y medio que el Ayuntamiento estaba estudiando la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia en la plaza Mayor para combatir la "inseguridad importante" que existe en esta zona. "Ahora falta perfilar la iniciativa y elaborar un protocolo de trabajo", añadió el edil, quien considera "viable" esta iniciativa, regulada por la ley orgánica 4/1997 (Ley de Videovigilancia).

Desde el 25 de junio de 2002 hay instaladas 12 cámaras de este tipo en el Museo de Escultura al Aire Libre existente en el paseo de la Castellana, bajo el puente que une las calles de Juan Bravo y Eduardo Dato. Estas cámaras, cuya finalidad es evitar ataques de gamberros y grafiteros en las esculturas, son las únicas autorizadas hasta ahora en la región al amparo de esta ley.

La ley que regula el uso de videocámaras en lugares públicos por parte de los cuerpos policiales señala que la finalidad de este tipo de instalaciones debe ser grabar imágenes y sonidos cuyo posterior tratamiento pueda servir para "asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia (...) y prevenir la comisión de delitos".

El Ayuntamiento calcula que unas 12.000 personas transitan en un día laborable por la plaza Mayor. Esta cifra se incrementa de forma notable durante los fines de semana y periodos vacaciones, de forma que la plaza y sus soportales llegan a estar repletos de turistas y paseantes. Esto "facilita la comisión de actos delictivos, especialmente de sustracciones al descuido, lo que genera una evidente sensación de inseguridad subjetiva", según fuentes municipales.

Patrullas

La Policía Municipal tiene incluida la playa Mayor entre los puntos de actuación preferente, lo que supone un reforzamiento de los agentes que patrullan por el distrito. Las autoridades municipales han puesto en marcha recientemente una operación para proteger a los turistas chinos y japoneses, que suelen ser víctimas predilectas de los atracadores y carteristas cuando acuden a la Oficina de Turismo enclavada en la plaza.

Asociaciones de vecinos y comerciantes de este enclave histórico madrileño se han dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento para solicitar la instalación de videocámaras controladas por la Policía Municipal.

El Ayuntamiento argumenta que un sistema de este tipo está implantado desde septiembre de 1991 en Lleida -en concreto, en el casco histórico y en el eje comercial de esta capital-, lo que ha supuesto que los hechos delictivos que se producían en esa zona se haya reducido en un 70%.

La Concejalía de Seguridad y Servicios a la Comunidad, dirigida por Pedro Calvo, ha decidido atender las solicitudes de vecinos y comerciantes y tiene ya muy avanzado un proyecto que supondrá desplegar en la plaza Mayor al menos 20 ojos electrónicos que vigilarían este espacio urbano durante las 24 horas del día, según han confirmado fuentes municipales. Grabarán imágenes, pero no así sonido, por considerar que éste no es de utilidad policial.

Para cubrir la zona interior de la plaza, la propuesta municipal contempla dos opciones. La primera consiste en la instalación de una potente cámara en la esquina de la fachada del arco de Ciudad Rodrigo; otra, entre los arcos de la calle de la Sal y la calle de Felipe III; otra, entre la calle de Botoneras y la calle de Gerona, y una cuarta en la fachada del arco de Cuchilleros. La segunda opción consistiría en la instalación de potentes cámaras, una en cada farola existente en la plaza, "intentando no romper la estética" de la misma.

Para controlar los soportales de la plaza, los técnicos municipales proponen montar una cámara en cada uno de los seis puntos siguientes: en las proximidades del arco de la calle de Botoneras, entre la calle de Toledo y el arco de Cuchilleros, entre los arcos de Cuchilleros y Ciudad Rodrigo, entre el arco de la calle del Siete de Julio y el arco del Triunfo, entre el arco de la calle de Felipe III y la calle de la Sal, y la última, en el tramo más próximo a la calle de Zaragoza.

Además, los expertos de la concejalía aconsejan instalar una cámara en cada uno de los 10 puntos de acceso a la plaza Mayor, "respetando al máximo la privacidad de los domicilios" colindantes. Precisamente éste es uno de los aspectos en que la Comisión de Garantías de Videovigilancia pone más reparos y establece más exigencias.

Grabaciones

Las imágenes captadas por las cámaras serán transmitidas digitalmente -sin necesidad de cable- hasta un centro controlado por la Policía Municipal. Las grabaciones, en caso de no tener utilidad a efectos de investigación judicial, tendrán que ser destruidas en el plazo establecido por la Ley de Videovigilancia. Además, como estipula esta misma norma legal, el Consistorio tendrá que instalar carteles y paneles alertando a los viandantes de que se hallan en una zona controlada mediante cámaras.

El Ayuntamiento tiene ya muy avanzado el proyecto, que remitirá posteriormente al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Constantino Méndez. Recibida la solicitud, éste la remitirá a su vez a la Comisión de Garantías de Videovigilancia. Este organismo, encabezado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo integran el fiscal jefe, dos abogados del Estado, el presidente de la Federación de Municipios de Madrid y el secretario general de la Delegación del Gobierno.

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