Reflexiones 'acuáticas' en torno a la reforma del Estatut

En el marco de la reforma del Estatut d'Autonomia una nueva oportunidad se ha perdido para avanzar hacia planteamientos más sostenibles en la política valenciana futura. Este Estatut, que será el contexto normativo para el siglo XXI, permanece anclado en el pensamiento del siglo XIX, especialmente en lo que se refiere al tema del agua. Lejos de proponer los principios que han de inspirar la gestión sostenible de este recurso, el texto de la reforma del Estatut se encuentra viciado por la visión miope, demagógica y electoralista de sus redactores. Mientras existe un consenso generalizado en la comunidad científica internacional y en la política europea en que no habrá agua ni en cantidad ni con calidad suficiente si no cuidamos los ecosistemas acuáticos y el ciclo del agua, los redactores del Estatut Valencià no dudan en utilizar la más rancia terminología del estructuralismo hidráulico para hablar burdamente del "derecho al agua" de la Comunidad Valenciana como el "derecho a la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias". Resulta sorprendente que en pleno siglo XXI, cuando se cuenta con tecnologías y conocimiento que permiten solucionar eficazmente problemas locales mediante el ahorro, la reutilización, el control de la contaminación e incluso el uso controlado de la desalación, se continúe imponiendo la fascinación por la macro-obra pública que transforma los ríos mediterráneos en cuencas endorreicas (como la del Segura que no desagua en el mar).

Los redactores utilizan la más rancia terminología del estructuralismo hidráulico para hablar del derecho al agua

Un claro ejemplo de esta fascinación por la obra pública per sé es el trasvase Júcar-Vinalopó, que algunos se empeñan en defender "con uñas y dientes" a pesar de estar ampliamente probada su inviabilidad técnica. Incluso dejando totalmente secos los últimos 40 kilómetros del Xúquer, sin caudal ambiental garantizado a L'Albufera (que es como está ahora), y, rebajando sensiblemente las dotaciones a los regadíos históricos de la Ribera, no se podría trasvasar más del 25% del agua prometida, y eso uno de cada cinco años. Y en época de sequía, como la actual, ni una gota. El Xúquer está sometido al clima mediterráneo, igual que el Vinalopó, y las aguas subterráneas de la Mancha Oriental que nutrían el Xúquer, y marcaban la diferencia, están en régimen de sobreexplotación: hoy, el río infiltra agua al subsuelo, en lugar de recibirla. Además, el despropósito de la planificación de la cuenca, que establece este trasvase, ha quedado de manifiesto jurídicamente con sentencia del Tribunal Supremo que cancela, entre otras, la asignación de caudales a transferir. Y no lo hace por el impacto ecológico o por la inviabilidad técnica. No, lo hace porque el Gobierno central invade competencias autonómicas al regular sin distinción cuencas intercomunitarias e intracomunitarias (éstas últimas de competencia autonómica exclusiva). ¡¡¡Y dicha división competencial no era (ni es) ninguna novedad, está establecida desde 1978 en la Constitución Española!!!

Igual que en la redacción del Plan de Cuenca se menospreció el ordenamiento jurídico general, se estiraron las cifras de caudales del río despreciando sus necesidades ambientales, "cuadrándolo a martillazos", en palabras de Juan José Moragues (actual presidente de la CHJ). Tampoco los responsables del proyecto dudaron en enviar datos manipulados para justificar la viabilidad del trasvase ante la Comisión Europea en 2003 y así obtener fondos europeos. Y ahora continúan subvencionando una obra que ya se sabe que no tiene (ni tendrá a medio plazo) agua para transferir (ni física ni jurídicamente), y que, además, sus usuarios futuros no pagan, a pesar del acuerdo firmado de cofinanciación de un tercio de la obra. Y la cantidad que adeudan es significativa: más de 25 millones de euros. ¿Se puede continuar gastando el dinero público en una obra que ya sabemos que es inútil y que supondrá la recurrencia de enfrentamientos entre comarcas hermanas? Según los informes técnicos de la Confederación, para que el trasvase lleve agua hay que sacarla del acuífero de la Plana Sur de Valencia. Ello significaría agravar su sobreexplotación y la pérdida de las únicas reservas para casos de sequía de la Ribera, afectando también al acuífero del Caroig, conectado al anterior, y en precaria situación.

Las razones técnicas, ambientales, económicas y jurídicas aconsejan la cancelación de este proyecto y la puesta en marcha inmediata de medidas concretas que solucionen, de una manera efectiva, segura y viable económicamente, la situación del Vinalopó. No se puede continuar perdiendo el tiempo pidiendo con tozudez los harapos de un río que no solucionan nada, cuando hay a nuestra disposición soluciones efectivas. Aunque algunas de ellas puedan ser menos vistosas electoralmente (no se realiza la inauguración de una obra de reparación del alcantarillado, ni se corta ninguna cinta cuando se incrementa la cantidad de agua reutilizada o se mejora la calidad del agua depurada).

Durante el siglo XXI tendremos que hacer frente a muchos retos ambientales y hemos de ser conscientes del estado de nuestros recursos: ríos y acuíferos excesivamente explotados, degradación de zonas húmedas, etc. No podemos continuar aplicando políticas y medidas como si el agua fuera un bien infinito y desterritorializado. Por ello creemos que el Estatut Valencià para el siglo XXI debería asentar las bases de una política de gestión del territorio y del agua centrada en su uso racional y su conservación. Es necesario que en l'Estatut se recupere la cultura del agua y del territorio, en su significado latino: "cuidado y preservación"; y se evite a la sociedad valenciana la vergüenza de tener en el siglo XXI un Estatut anclado en los conceptos más rancios y simples propios del desarrollismo de épocas y regímenes superados. Sería realmente penoso que se perdiera esta oportunidad histórica porque algunos están demasiado ocupados en legitimar proyectos electoralistas que no solucionan los problemas pero que son fáciles de vender en campaña. Ésta es, sobretodo, una responsabilidad de aquellos que, como el PSPV, se presentan como la alternativa de gobierno. Esperemos que cuenten con la suficiente amplitud de miras para asumir este reto, y con el talento y la firmeza necesarios para desarrollar una nueva política del agua y del territorio.

Graciela Ferrer es licenciada en Ciencias Económicas (UVEG), Master en Ciencias Ambientales (UAB) y secretaria de Xúquer Viu.