Trillo, reprobado
El ex ministro y diputado popular Trillo fue ayer reprobado en el Congreso por su actuación en el accidente aéreo que costó la vida a 62 militares españoles en Turquía en 2003 cuando regresaban de Afganistán. Aprobada con la oposición del PP y la ausencia de los diputados de CiU y Coalición Canaria, la proposición no de ley promovida por PSOE, IU y ERC en la comisión de Defensa, en la que se censura a un miembro de un Gobierno que ya no está en activo, no tiene precedentes en la historia de la democracia española y sin duda no está exenta de controversia.
El ex titular de Defensa se personó directamente ante el órgano parlamentario para tratar de rebatir las acusaciones, por otra parte muy difíciles de desmontar a la luz del informe presentado el pasado mes de octubre en el Parlamento por su sucesor, José Bono, y de las conclusiones de la comisión internacional en mayo último. Según lo aprobado ayer, "la responsabilidad de los poderes públicos por las graves negligencias detectadas en el seguimiento y control de la contratación y del vuelo del avión siniestrado, así como los importantes errores" del proceso de identificación de cadáveres, "no corresponde exclusivamente a las instancias militares, sino que afecta directamente a las autoridades políticas, en concreto al ministro de Defensa, Federico Trillo".
El ex ministro no lavó para nada su imagen. La manchó un poco más al declararse prácticamente irresponsable de todo lo acaecido y descargar las culpas contra los jefes militares de la época, "que me han dejado solo", centrando la acusación sobre todo en el entonces principal encargado de los vuelos de sostenimiento en Afganistán, el general Gómez Arruche, actualmente director de la Guardia Civil. De poco sirve que afirme ahora que presentó en su momento la dimisión y que no fue aceptada por el ex presidente Aznar, o que pidió disculpas a los familiares de las víctimas. La realidad es que su conducta como máximo responsable de Defensa fue un cúmulo de equivocaciones, contradicciones y engaños a los familiares de las víctimas. Hay dos causas judiciales abiertas, con cuatro militares imputados, sobre las que Trillo acusa al Gobierno de impedir que sean archivadas. Y a él sólo le queda el gesto de decencia de devolver el acta de diputado.
