Más de 430 juzgados persiguen desde hoy los casos de violencia machista

Hoy se da el último gran paso legal en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres a manos de su pareja o ex pareja. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad a finales del año pasado, entra totalmente en vigor. Comienzan a regir los dos títulos pendientes, cuyo objetivo es mejorar sustancialmente la protección que ofrece la justicia a las mujeres maltratadas por su pareja o ex pareja, a sus hijos y a las personas especialmente vulnerables agredidas por otra con la que convivan (al margen del sexo de ambas). Para ello se establecen tres herramientas que hoy se estrenan: los juzgados y fiscales especializados y el agravamiento penal para los hombres agresores en varios supuestos, lo que suscitó fuerte polémica.

Los hombres recibirán mayor castigo que las mujeres por lesiones, coacciones o amenazas

Sólo 17 juzgados de 14 grandes ciudades se dedicarán a la violencia contra la mujer

En cada audiencia provincial y tribunal superior existe un fiscal especializado en la materia

PENAS MÁS GRAVES PARA LOS HOMBRES

Desde hoy, los varones tendrán mayor castigo que las mujeres por agredir a su pareja en varios supuestos. Este agravamiento también regirá en todos los casos para la persona que dañe a otra "especialmente vulnerable" con la que conviva, al margen del sexo de ambos.

- Lesiones. En el Código Penal vigente, las lesiones a la pareja son delito tanto cuando los comete un hombre como una mujer. Sin embargo, la ley integral establece que si la víctima es una mujer agredida por su marido o ex compañero se agrave la pena, que será de dos a cinco años de prisión para el maltratador. Si la agresora es la mujer, el castigo será de seis meses a tres años de prisión.

- Maltrato psíquico. El menoscabo psíquico y el maltrato sin lesión a la esposa o ex compañera se castigará con una pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. El juez también podrá inhabilitar al padre para ejercer la patria potestad. Si la culpable es la mujer, la pena será de tres meses a un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Si el juez lo decide, también podrá perder la patria potestad.

- Amenaza leve. Si la víctima es su mujer o ex mujer, el hombre será castigado por delito con prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. El juez podrá inhabilitarle para ejercer la patria potestad. Si la mujer amenaza levemente a su pareja masculina, se considerará falta y la pena será de localización permanente de cuatro a ocho días o de trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a 10 días.

- Coacciones leves. La pena para el hombre que comenta el delito de coaccionar levemente a su pareja femenina será de seis meses a un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad. El juez también podrá inhabilitarle para el ejercicio de la patria potestad. Si quien coacciona es la mujer, la pena será de localización permanente de cuatro a ocho días o de trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a diez días.

17 JUZGADOS EXCLUSIVOS

Desde hoy existe en todos los partidos judiciales de España al menos un juzgado especializado en violencia sobre la mujer. Recibirá todas las denuncias de las víctimas, instruirá los casos (en algunos casos también juzgará penalmente cuando el acusado haya prestado su conformidad a la pena pedida por el fiscal), establecerá medidas de protección y decidirá sobre las aspectos civiles derivados, como el divorcio, la custodia de los hijos o el uso del domicilio familiar. Se encargará de todo ello hasta que se extinga la responsabilidad penal del condenado.

"A partir de ahora se acaba con la dispersión judicial de los casos de violencia de género", afirma la magistrada Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De los 434 juzgados, sólo 17 son de nueva creación y se dedicarán en exclusiva a la violencia contra la mujer (la gran mayoría, por tanto, mantendrá además sus tareas habituales, lo que ha motivado quejas). Están situados en Madrid (tres), Barcelona (dos), Málaga, Valencia, Sevilla, Murcia, Granada, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca, Alicante, Vitoria, Bilbao y San Sebastián. Los ocupan 14 mujeres y tres hombres. Además, en 104 partidos judiciales que sólo cuentan con un juez, éste ejercerá también como juez especializado en violencia, amén de ejercer como titular de primera instancia e instrucción. En otras 313 demarcaciones que cuentan al menos con dos juzgados, uno de ellos (generalmente el juzgado de creación más reciente, por orden del CGPJ ante la falta de voluntarios) se especializa en violencia, aunque mantendrá también el resto de sus cometidos. "Aunque hay buena predisposición de los jueces, a muchos les preocupa este destino, entre otras cosas por que van a estar en el punto de mira", afirma la magistrada Comas.

FISCALES ESPECIALES

A partir de hoy, en cada audiencia provincial y tribunal superior de justicia existirá también un fiscal especializado en violencia sobre la mujer. Ya se han nombrado 50, de los que 32 son mujeres. Dependerán de un superfiscal contra la violencia sobre la Mujer, aún sin nombrar, que previsiblemente será designado en el Consejo Fiscal convocado para el 13 de julio.

El fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer podrá intervenir directamente en procesos penales de "especial trascendencia", en razón de número de víctimas, gravedad del hecho o trascendencia pública o social de la infracción, informa Julio M. Lázaro. El fiscal de Sala informará al fiscal general del Estado de las discrepancias técnicas que se susciten entre las diversas fiscalías en la aplicación de las normas de violencia de género.

REHABILITACIÓN PARA EVITAR LA CÁRCEL

La ley integral prevé que las penas por violencia doméstica inferiores a dos años de prisión puedan suspenderse si el condenado cumple varios requisitos. Entre las condiciones para evitar la cárcel figura someterse a un tratamiento de rehabilitación para que no vuelva a maltratar.

Sin embargo, según varias fuentes, la Administración aún no ha puesto en marcha esta terapia para evitar la prisión. Faltan varios pasos por dar, tanto en el terreno de las comunidades autónomas como en el del Gobierno central, añaden. En cambio, los tratamientos de rehabilitación sí se ofrecen en las cárceles. Según la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 168 presos por violencia doméstica recluidos en 21 prisiones participan ahora en los programas de rehabilitación, que duran un año.