El Ayuntamiento de Almonte lleva al fiscal a un concejal del PA por el cobro de una comisión

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva), gobernado por el PSOE, ha llevado a la Fiscalía una denuncia contra el concejal del Partido Andalucista José Manuel Romero por el supuesto cobro de una comisión de 4.000 euros. La decisión la adoptó la Comisión de Gobierno después de que el vecino del municipio José María Corento denunciase ante el ayuntamiento que Romero le exigió dinero por su mediación en la adjudicación de dos parcelas subastadas en la aldea de El Rocío. En su escrito, Corento afirma que, tras la adjudicación, Romero le presionó para cobrar por "los servicios prestados" y que el edil le firmó un documento en el que reconoce el cobro de la comisión. El concejal afirma que los hechos denunciados son falsos.

El pasado 10 de junio, Corento registró un escrito en el Ayuntamiento de Almonte con una narración de los hechos. El escrito ha acabado en el fiscal después de que los servicios jurídicos municipales apreciasen tres delitos: tráfico de influencias, cohecho y revelación de secretos. Además, ha causado la apertura de una investigación interna en la Corporación por la sospecha de que puede haber algún funcionario implicado.

La versión de Corento es que en septiembre del año pasado contactó con Romero para que le informase de los pasos que tenía que dar para concurrir a una subasta de parcelas en la aldea de El Rocío que se iba a celebrar a las pocas semanas. Corento, corredor de fincas, estaba interesado en la subasta por dos clientes de Sevilla que querían adquirir fincas en El Rocío, una zona con un importante crecimiento urbanístico.

Según el denunciante, Romero le dijo que él se encargaba de todos los trámites e, incluso, de la adquisición de los sobres necesarios para acudir a la subasta. Este dato fue corroborado luego, en la investigación interna, por el funcionario encargado de esta tarea.

Garantía de adjudicación

Posteriormente se produjo otra cita en la que Romero ya comunicó a Corento las dos fincas por las que tenía que pujar (lo normal es optar a varias) y la cantidad que tenía que ofrecer por dos parcelas: por la primera, algo más de 174.000 euros y por la segunda, 176.000 euros. Corento asegura que en ese momento el concejal andalucista ya le garantizó la adjudicación de las fincas.

Cuando se produjo la subasta se cumplieron los pronósticos y a los clientes de Corento les fueron adjudicadas las parcelas, según consta en el escrito.

Corento añade que sus clientes le pagaron 18.000 euros por su tarea como corredor y que su sorpresa vino a continuación, cuando Romero, ya escrituradas las parcelas, le reclamó la mitad de ese dinero, 9.000 euros, en concepto de comisión "por los servicios prestados". "Dicha actitud me sorprendió toda vez que era concejal electo del ayuntamiento y le habíamos solicitado información como tal, por lo que procedía a negarle dicho pago", afirma Corento en su escrito.

Esta negativa se produjo ya a principios de 2005 y, según Corento, Romero empezó a presionarle para exigirle el dinero. Según su versión, hubo llamadas telefónicas "amenazantes" y alguna advertencia cuando se cruzaban por la calle. Finalmente, tras consultar con su abogado, Corento decidió el pasado 7 de junio acceder al pago, pero puso una condición que parecía de imposible cumplimiento: que el concejal firmara un documento en el que reconocía haber recibido el pago. El denunciante asegura que, además, le dijo Romero que sólo podía darle 4.000 euros.

Corento alega, con sorpresa, que Romero le llamó para comunicarle que aceptaba y le citó en una sucursal de Cajasur en Almonte dirigida por el ex concejal del PP Jesús Redondo, quien abandonó este partido en 2003 alegando su oposición a la guerra de Irak apoyada por el Gobierno de José María Aznar.

Corento asegura que Romero le dijo que Redondo acudía como su testigo, por lo que él se llevó a una persona de su confianza (Jesús María Martínez) también como testigo.

En esa cita en la caja, Romero se quejó de la escasez del dinero. "Me manifestó que era poco dinero ya que tenía que dar un regalo a varias personas del Ayuntamiento, incluida una mujer a la que debía especial favor por las gestiones efectuadas", añade el escrito.Corento llegó a la cita con un papel escrito por él en el que se lee: "He recibido de José María Corento Vázquez la cantidad de 4.000 euros en concepto de comisión de adquisición de terrenos por subastas en el Rocío". Según su versión, pagó a Romero los 4.000 euros en metálico y el concejal firmó este papel y puso en él el número de su DNI para dar credibilidad al documento.

Redondo, el director de la sucursal de Cajasur, niega estos hechos. "Delante mía no ha tenido lugar una transacción de este tipo. Eso es una tontería", asegura Redondo.

Por contra, Corento afirma que él puso dudas a la firma que había rubricado el concejal en el PA en el papel y que Redondo le garantizó que era la de Romero.

El 10 de junio, Corento acudió al Ayuntamiento de Almonte y presentó un escrito en el que expone todos estos hechos. El alcalde de Almonte, el socialista Francisco Bella, ordenó abrir una investigación interna por la supuesta colaboración de algún funcionario en la adjudicación de las parcelas y envió el escrito a los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

A partir de ahí se precipitaron los acontecimientos. En la investigación interna prestaron declaración seis funcionarios relacionados de una u otra manera con la subasta (desde el tesorero a un auxiliar administrativo).

El tesorero, según las fuentes consultadas, afirmó que Romero se interesó en dos ocasiones por si los adjudicatarios habían pagado las parcelas. Y otro funcionario aseguró que Romero entregó en el Ayuntamiento unos datos de Hacienda y de la Seguridad Social que les faltaban a los adjudicatarios y que les habían sido reclamados por el Ayuntamiento.

Paralelamente, los servicios jurídicos dictaron un informe en el que se destaca que los hechos denunciados por Corento son constitutivos de tres delito: cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.

Comisión de Gobierno

Tras acumular estos datos, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte acordó el pasado 16 enviar toda la documentación disponible (la declaración de Corento, la de los seis funcionarios y el informe jurídico municipal) a la Fiscalía de Huelva para que analice los hechos por si son constitutivos de delito. El asunto, según fuentes del gobierno municipal, llegó a la Fiscalía onubense el pasado lunes.

Las fuentes consultadas precisaron que el secretario del Ayuntamiento de Almonte comunicó a Romero, el pasado 17 de junio, la decisión del gobierno municipal. Estas fuentes añadieron que el concejal andalucista aseguró al funcionario que los hechos que constaban en la denuncia eran falsos.

Fuentes del gobierno municipal añadieron también que desde que el concejal andalucista conoció la decisión de la Comisión de Gobierno de acudir a la Fiscalía no ha vuelto por el Ayuntamiento almonteño.