La Generalitat expedienta a 56 de los 58 bancos y cajas que operan en Cataluña

Sólo dos de las 58 entidades financieras que operan en Cataluña han salido indemnes de la campaña de inspecciones de la Agencia Catalana del Consumo (ACC), que depende del Departamento de Comercio, Turismo y Consumo. La ACC ha abierto 80 expedientes sancionadores a 56 bancos y cajas por cometer varias infracciones. Las más comunes son la aplicación de cláusulas abusivas en los contratos, el incumplimiento de la Ley de Política Lingüística, la redacción de partes del contrato con una letra pequeña con un cuerpo inferior a 1,5 milímetros y la falta de hojas de reclamación.

Los expedientes sancionadores son resultado de la campaña de oficio que la Generalitat empezó en octubre pasado, que ha finalizado este mes. El director de la ACC, Enric Aloy, explicó que los inspectores han revisado la sede de todas las entidades catalanas y las oficinas principales de las que tienen su sede en otras ciudades españolas. Además, han visitado varias sucursales de cada una de las 58 entidades. En total se han realizado 209 inspecciones, en las que se han detectado 582 infracciones que han culminado en 80 expedientes sancionadores a 56 entidades (algunas acumulan más de un expediente).

La infracción más común es la presencia de cláusulas abusivas en los contratos entre las entidades y los consumidores. De los 58 bancos y cajas, 47 aplican algún tipo de cláusula ilegal. Son ejemplo de abusos contractuales, según la ACC, la cancelación unilateral de la tarjeta de crédito en caso de impago, la exigencia de que en caso de litigio el usuario asuma siempre los costes del proceso y la modificación de las condiciones del contrato sin dar derecho al consumidor a darse de baja del servicio.

Letra pequeña

Otro incumplimiento mayoritario (44 entidades) es la redacción de partes del contrato con una letra de tamaño inferior a 1,5 milímetros, que es el mínimo que fija la normativa catalana. La mayoría de las entidades, salvo 14, tampoco cumplen la Ley de Política Lingüística, que, según explicó Aloy, obliga a que "todos los contratos, cheques e información tengan una versión en catalán". Un total de 29 entidades no tenían hojas de reclamación a disposición de los consumidores, 21 daban una información deficiente sobre comisiones y el coste de las operaciones, y 10 cometían irregularidades al informar acerca de los precios de sus servicios.

El consejero de Comercio, Turismo y Consumo, Josep Huguet, destacó que las inspecciones deben servir para dar "transparencia y calidad" al mercado financiero. "Es la primera vez que la Administración realiza inspecciones a estas entidades, a pesar de tener competencias para hacerlo", aseguró.

La Generalitat ha abierto 42 expedientes a las cajas de ahorros, 36 a los bancos y 2 a las entidades de crédito al consumo. Huguet afirmó que "casi todas las entidades se han interesado en cómo corregir las irregularidades" descubiertas. Por ello, la mayoría de los expedientes abiertos pueden acabar con una sanción por falta leve, que implica el pago de multas de 3.000 euros.

Las reclamaciones a la Junta Arbrital del Consumo de Cataluña por irregularidades en los servicios prestados por bancos y cajas suponen poco más del 4% de las denuncias interpuestas por los consumidores. Sin embargo, sólo una entidad financiera está adherida al sistema arbitral. La ACC pidió a los consumidores que se lean todo el contrato que vayan a firmar y que se asesoren si no entienden algún concepto. También recomendó especial interés en el coste de las comisiones y otros cargos.