La Audiencia Nacional desestima el recurso de la Junta sobre el Archivo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó, en auto emitido ayer, la inmovilización cautelar de los fondos documentales del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, según había requerido la Junta de Castilla y León en un recurso contencioso-administrativo que interpuso el pasado día 21 de marzo.

El recurso del Gobierno regional se planteó a raíz de la desestimación por silencio administrativo por parte del Ministerio de Cultura de la solicitud presentada por la Junta para la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de monumento o sitio histórico del colegio de San Ambrosio, sede del Archivo, y de los fondos documentales que alberga.

Al conocer ayer el auto, la vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, expresó "desear, sobre todo, por la salud de nuestro sistema democrático, que, efectivamente, se haya hecho conforme a derecho y con una argumentación seria y clara, no para ceder a las presiones del Gobierno de España y la voluntariedad de sus socios, por el momento, de Ezquerra Republicana". En función de los informes jurídicos, precisó también Ruiz, se tomará la decisión procedente, pues "lo que siempre hemos hecho es defender la integridad del Archivo de Salamanca, la defensa del patrimonio común de todos los españoles, que entendemos que debe mantenerse siempre unido, y, de esa forma, seguiremos todos los procedimientos a nuestro alcance para conseguir ese objetivo". El consejero de Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, auguró una "batalla judicial larga", al tiempo que mantuvo que el auto de la Audiencia Nacional no ha entrado en el fondo del asunto, ya que se entiende que sólo se ha respondido a la petición de la Junta sobre la inmovilización cautelar hasta que se resolviera el recurso planteado. Igualmente, precisó que la resolución judicial "no va a impedir que sigamos defendiendo lo que entendemos que es justo en todos los frentes, el jurídico, el parlamentario y la movilización ciudadana".

El portavoz del equipo de gobierno popular del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, afirmó que la desestimación del recurso "era algo que se esperaba, aunque estamos obligados a hacer todo lo posible para evitar la desaparición del Archivo" y, por ello, la decisión "tampoco nos ha cogido por sorpresa". No obstante, el portavoz apuntó que tanto el Ayuntamiento como la Junta "estamos más confiados en lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional en relación con las leyes autonómicas, que, de momento, están en suspenso, pero sobre las que se tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional sobre si se levanta o no la suspensión".

Esa confianza expresada por Rodríguez se refiere al acuerdo del Consejo de Ministros de abril, en torno a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra las dos leyes aprobadas por las Cortes de Castilla y León el 24 de diciembre de 2004, por entender que ambas leyes invadían competencias reservadas al Estado en archivos de titularidad estatal.

El portavoz del grupo socialista, Fernando Pablos, también señaló sobre el auto de la Audiencia Nacional que se trata de una decisión "ya esperada", que acentúa "el ridículo jurídico", ya que se trataba de interferir en "un asunto de competencias, y esas competencias sobre el Archivo de la Guerra Civil las tiene el Estado, ejerciéndolas como debe hacerse por parte del Gobierno, es decir, en el ámbito del Parlamento".

Fechas atrás, un juzgado de Salamanca también desestimó admitir a trámite una demanda civil del Ayuntamiento de Salamanca contra el Gobierno de la nación para obtener la tutela de la posesión de los fondos del Archivo.