EL DEBATE DEL ESTATUTO

Los ponentes acuerdan establecer el criterio de igualdad como "valor supremo" de la financiación

Los populares plantean reservas a ampliar la capacidad normativa en los impuestos

Los partidos políticos acordaron ayer en la ponencia sobre la reforma del Estatuto andaluz incluir el principio de la "igualdad como valor supremo" de todo el sistema de financiación de forma que se garantice la igualdad de derechos sin "privilegios sociales o económicos entre los territorios". A este criterio añaden el de la autonomía, la suficiencia y la solidaridad, según informó ayer en un comunicado el Parlamento de Andalucía. Sólo el Partido Popular se opuso a que el Estatuto contemple la creación de una Agencia Tributaria andaluza como órgano de gestión.

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Todos los grupos están de acuerdo en que el Estatuto no debe fijar porcentajes y concreciones sobre el sistema de financiación autonómica, como ocurre en Cataluña, pero sí apuestan por fijar unos principios que marque las aspiraciones de la comunidad.

La financiación fue debatida en una especie de subponencia creada al efecto y que ayer, después de varios días de retraso, pudo pergeñar una propuesta, en la que no hay un acuerdo unánime pero sí coincidencias claves. Entre ellas figura el que el "criterio básico" para garantizar la suficiencia sea el de la población. Los ponentes definen la suficiencia "como un instrumento que garantice los recursos necesarios para hacer frente a las competencias asumidas".

Otro de los acuerdos alcanzados, en base al principio de "lealtad institucional", es que el Estado mantenga mecanismos de compensación financiera por las modificaciones que haga en el sistema tributario, las cuales impliquen una rebaja de ingresos en los ingresos autonómicos. Este mismo criterio quieren que se se siga cuando haya cambios legales que impliquen más gasto para la comunidad, como se ha dado con el caso de la ley del Menor.

PP e IU aprovecharon para defender que este criterio se aplique exactamente igual a la hora de abordar la financiación local, a la que el grupo socialista no se opuso aunque considera que este asuntos debe ir en el paquete estatutario que aborda la relaciones financieras con las corporaciones locales.

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Los ponentes también apuestan por que la comunidad tenga más competencias normativas para subir o bajar los impuestos compartidos (IRPF, IVA, hidrocarburos, tabacos y alcohol) y que "participe" en el proceso de modificación de las normas de los tributos con los que se financia. El Partido Popular planteó una "reserva" sobre este aspecto al entender que debe fijarlo el Estado.

En cuanto a la creación de la Agencia Tributaria andaluza, que el Gobierno autonómico tiene previsto presentar en el Parlamento este año para su previsible entrada en vigor en la primavera de 2006, los ponentes han acordado incluir su creación en el Estatuto. Los grupos estiman que "deberá" colaborar con la agencia estatal y "podrá consorciarse" con ésta o con las de otras administraciones. Según informó el Parlamento, el grupo popular rechazó que la agencia tenga rango estatutario y apuesta por rebajar esta aspiración a la creación de una administración tributaria "para el ejercicio de sus competencias propias". Por el contrario Izquierda Unida y Partido Andalucista defienden que Andalucía tenga participación directa en la Agencia Tributaria del Estado a través de la designación directa de representantes.

Nivelación

PSOE y PP están de acuerdo en que haya una referencia a la garantías de los instrumentos de nivelación cuando no se llegue a cubrir el "nivel mínimo" de los servicios públicos que se prestan en el resto del Estado. A este punto, IU y PA mostraron su oposición por entender que debe subirse ese listón, por lo que prefieren hablar de "nivel medio", como ya defendiera la federación de izquieredas cuando se abordó el mantener la disposición adicional segunda actual (deuda histórica).

Otro de los acuerdos es el de potenciar el Fondo de Compensación Interritorial para corregir los desequilibrios territoriales. IU planteó una batería de propuestas como la de que la inversión estatal debe guiarse por el peso de la población andaluza en el conjunto estatal, así como la creación de una Agencia andaluza de Fondos Europeos.

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