Gobierno y obispos abordan las primeras negociaciones en un clima de enfrentamiento

Poco ha durado la distensión entre el Gobierno socialista y la Conferencia Episcopal, pactada entre el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, respectivamente. La reunión entre ambos, en La Moncloa, a comienzos de abril pasado, poco después de que Blázquez sustituyese al cardenal Antonio María Rouco en el liderazgo episcopal, prometió "diálogo y distensión". La primera mesa de diálogo se constituye el próximo día 21, con el problema educativo como punto de debate. Pero sólo tres días antes se habrá celebrado una manifestación contra el Gobierno impulsada agriamente por los obispos para frenar el matrimonio de parejas homosexuales.

El PP decidirá hoy, muy probablemente, su apoyo a la manifestación del día 18 contra la reforma del Código Civil que legaliza el matrimonio entre parejas del mismo sexo y su derecho a la adopción. Diputados del PP han animado en las últimas semanas a la dirección del partido a acudir a esa manifestación, convocada por el Foro Español de la Familia y apoyada por los obispos a través del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Los prelados no habían apoyado una manifestación contra el Gobierno de España desde 1983, cuando se opusieron, también con gran ardor, a la primera reforma educativa del Gobierno de Felipe González, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE).

Los diputados conservadores que ya han anunciado su apoyo a la manifestación del Foro de la Familia subrayan que el motivo de la marcha es "acorde" con el programa del PP. La marcha, el próximo día 18 en Madrid, coincide con la jornada de reflexión de las elecciones gallegas, que se celebran el domingo.

La dirección del PP, según la agencia Europa Press, se pronunciará hoy, tras la reunión del Comité de Dirección del partido, si la apoyan explícitamente e, incluso, si acuden a la misma sus dirigentes. El lema de la manifestación es La familia sí importa. "Está en consonancia con el programa electoral con el que el PP concurrió a las elecciones de 2004 y con la posición que su grupo parlamentario ha venido defendiendo en los debates del Congreso y del Senado", sostienen los parlamentarios que reclaman de su dirección un pronunciamiento favorable a la manifestación.

Independientemente de la posición que adopte la cúpula del PP, muchos de sus diputados ya han confirmado que acudirán a la marcha a título personal, entre ellos el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, Jorge Fernández Díaz; la portavoz adjunta, Ana Torme, y los portavoces de comisión José Eugenio Azpiroz (Trabajo), Eugenio Nasarre (Educación), Andrés Ayala (Fomento) y Ángel Pintado (adjunto en Medio Ambiente). El PP votó en contra de la polémica reforma del Código Civil.

Advertencias del PSOE

Por su parte, la corriente del PSOE Cristianos Socialistas ha pedido a la Conferencia Episcopal Española que sopese su postura hacia el Gobierno y su apoyo a la manifestación contra la regulación del matrimonio gay, teniendo en cuenta que en los próximos días deben sentarse a dialogar con el Ejecutivo "sobre el futuro de la clase de religión".

El coordinador federal de este grupo interno del PSOE, Carlos García Andoin, sostiene que "una acción tan decidida contra el Gobierno no es precisamente el mejor contexto para el diálogo constructivo que se va a plantear sobre la asignatura de religión". "Tal adhesión a esa manifestación es inusual. Deben explicar por qué apoyan esta manifestación y sin embargo callaron ante la guerra preventiva de Aznar. Los obispos deben preguntarse por qué es más fácil oponerse al PSOE que al PP. Dan la impresión de que es más evangélica una concepción de la moral familiar que la paz y la solidaridad con los pobres", concluyó García Andoin en declaraciones a Europa Press.

La Comisión Permanente de la CEE, que integra lo más granado del episcopado español, se reúne la semana próxima, entre los días 20 al 24, con estas polémicas encima de la mesa y, sobre todo, con la prioridad de encauzar serenamente las negociaciones con el Gobierno en materia educativa y, de forma más delicada, con el problema de la anunciada reforma de su financiación pública, que debe estar perfilada antes de otoño para que la recoja el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2006.