Agricultura modificará las medidas para luchar contra el minifundismo ante el fracaso de la ley

La fuerte parcelación del campo valenciano es uno de sus principales lastres. A finales de 2002 se dio luz verde a la ley con la que se pretendía invertir esta situación y reducir costes. Las condiciones marcadas, sin embargo, no despertaron el interés del sector. Ayer, la Consejería de Agricultura presentó el plan estratégico citrícola. Entre las medidas concretas, Agricultura anunció que cambiará a través de una orden algunas condiciones para favorecer el cultivo y la explotación de tierras en común. El desarrollo del plan supondrá en conjunto inversiones de 1.700 millones de euros.

El plan estratégico presentado ayer para el sector citrícola ha contado con la participación de todo el sector y es el mayor de los que prepara Agricultura. Cotino recordó que hay 50 mesas sectoriales. El plan citrícola prevé inversiones por valor de 1.700 millones, lo que arrojaría 170 millones en cada uno de los diez años de vigencia. Estas cifras suponen que Agricultura prevé gastar casi el doble de dinero en actuaciones dirigidas al sector citrícola en tres años (510 millones) que las previstas en los planes industriales de Justo Nieto, consejero de Empresa (que ronda los 300 millones).

Poco antes de la presentación del plan, en cualquier caso, la Asociación Valenciana de Agricultores cifró en 2.000 millones el presupuesto necesario que la Generalitat aportara para ejecutar "con garantías de éxito" el Plan Estratégico Agroalimentario. La organización advirtió que el Consell debe apostar por este plan con medidas legislativas y presupuesto.

El plan estratégico presentado ayer por Eduardo Primo, director general de Investigación e Innovación Agraria y Ganadería, pivota sobre la necesidad de reducir los costes y en una mejor regulación de las campañas que incluya la retirada de excedentes. En lo que al primer punto se refiere, Agricultura quiere reducir al menos en un 30% los actuales costes. Y para ello, una de las principales líneas de trabajo es el fomento del cultivo o explotación en común. Para ello, y a través de una orden, Primo anunció que rebajarán la superficie mínima necesaria para acceder al cultivo en común, y que eliminarán la condición de que las explotaciones que usen estas fórmulas linden. El anuncio fue bien recibido por las cooperativas. A finales de 2002, se aprobó la Ley de Modernización de las Estructuras Agrarias - conocida como Ley del Minifundismo-, impulsada por el departamento que entonces dirigía María Ángeles Ramón-Llin. La norma no ha funcionado y al año de aprobarse sólo seis proyectos se habían acogido a sus beneficios.

Aunque no está incluido en el plan, se habló del censo citrícola, considerado como un paso previo necesario para ordenar mejor las campañas. El censo se empezó a elaborar en 2001 y Cotino aseguró ayer que estará concluido en un mes. El retraso sufrido, no obstante, hará que Agricultura tenga que realizar algún pequeño ajuste en la información recopilada por los cambios que puedan haberse producido desde 2001.

Relacionado con el tema es la reconversión varietal que el plan propone para ordenar las campañas y tratar de evitar desplomes en el precio. Reconversión cuyo gasto se subvencionaría el Consell en un 40%, igual porcentaje que para adquirir maquinaria o para aplicar técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente.

Agricultura quiere introducir 30 nuevas variedades en el mercado para cubrir todo el año con fruta y elevar la baja tasa de transformación de cítricos en la industria para que se destine hasta el 20% de la producción a zumo, entre otras medidas. "Ahora falta que las concreten y que el presupuesto sea el que dicen", comentaron fuentes de la Unió de Llauradors.