El Archivo se convierte en arma política

La convocatoria esta tarde en Salamanca de una manifestación a favor de la unidad del Archivo de la Guerra Civil, auspiciada por el PP, y la presentación el pasado miércoles del proyecto del Centro Documental de la Memoria han avivado la polémica sobre la decisión del Gobierno de devolver a la Generalitat de Cataluña los documentos aprehendidos durante la contienda bélica y depositados en ese archivo. Desde el PP y el Ayuntamiento de Salamanca, que convocan la manifestación, se ha interpretado que la reciente presentación de ese nuevo centro documental es "una provocación" y "un boicot a la concentración". El Gobierno tripartito catalán confía en que la manifestación no influya en la decisión del Gobierno de retornar los documentos.

El líder del PP en Cataluña desvincula la manifestación de la demanda catalana

La plaza Mayor de Salamanca será el punto de partida, a las 20.00 horas de hoy, como lo fue hace ahora 10 años, de la manifestación convocada por el Ayuntamiento de la ciudad castellana, presidido por el popular Julián Lanzarote, para reclamar al Gobierno español que se mantenga la unidad e integridad de los fondos del Archivo General de la Guerra Civil. El lema de la pancarta de cabecera de la concentración será "Por nuestros valores. Por nuestra historia común. Por nuestra dignidad", y contará con la presencia ya confirmada del secretario general del PP, Ángel Acebes; los portavoces del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, y del Senado, Pío García-Escudero, además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el Gobierno en pleno de la Junta de Castilla y León. El secretario general del PP en Castilla y León y consejero de Presidencia de Junta, Alfonso Fernández Mañueco, explicó que más de 170 autobuses llegarán hoy a Salamanca procedentes de diferentes provincias castellano-leonesas y de otros puntos del país.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento salmantino, Fernando Rodríguez, ha puntualizado que "en Salamanca y en Castilla y León hay una conciencia muy profunda y firme sobre la necesidad de defender lo nuestro, el patrimonio común de los españoles". Mientras que el alcalde ha señalado que "la manifestación será un éxito desde el momento en que vayamos una pluralidad de personas en sentido estricto, porque significa que se está en contra de un atentado sin precedentes en la historia de Europa".

Lanzarote ha remitido una carta al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que es diputado provincial, así como a los demás parlamentarios socialistas por Salamanca y al ex alcalde de la ciudad castellana y actual subdelegado del Gobierno, Jesús Málaga -que convocó la manifestación de 1995 que reunió a 55.000 personas-, invitándoles a participar en la concentración.

Para el Ayuntamiento de Salamanca, la presentación esta semana por parte del Ministerio de Cultura del proyecto del Centro Documental de la Memoria responde "al espíritu de confrontación de la Guerra Civil, que es el que parece anidar en la propuesta", manifestó el pasado jueves un portavoz municipal. "La reacción ciudadana es la medida más eficaz para frenar al Gobierno", sostuvo. La consejera de Cultura de la Junta, Silvia Clemente, fue más moderada en sus declaraciones. "El centro se presenta como algo nuevo, cuando en realidad se trata de un encargo que el Gobierno español realizó en 1996 a la Junta General de Archivos", dijo, y añadió que en los planteamientos del Ministerio de Cultura se dan "claros indicios de incongruencia y vulnerabilidad de la Ley del Patrimonio Histórico".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que con el Centro Documental de la Memoria, Salamanca, "lejos de perder ningún fondo documental, sale ganando con nuevos edificios, tres, que contarán con más empleados y visitantes. Ésta es la verdad y la conocen los convocantes de la manifestación", precisó.

El pasado jueves se hizo público que un grupo de 50 intelectuales vinculados a Castilla y León, entre los que figuran escritores, historiadores y profesores, han suscrito un manifiesto en el que se señala que apoyan la continuidad de los fondos en el Archivo de la Guerra Civil "para que nunca se pierda, atenúe, falsifique o menoscabe la memoria de la represión franquista". En el texto indican que "cualquier medida en sentido contrario implicará una cadena de peticiones cruzadas". Caso en el que, afirman, también resultaría "plenamente legitimada la reclamación de numerosas obras del patrimonio histórico artístico de Castilla y León en no pocas ocasiones ilegal, alegal o irregularmente sacados por sectores y museos de Cataluña".

Al frente del manifiesto figura Gonzalo Santonja, escritor, profesor y director del Instituto de la Lengua de Castilla y León, junto al escritor Juan Manuel de Prada, el poeta Antonio Colinas, el teólogo Olegario González de Cardedal, así como los escritores Raúl Guerra Garrido, Elena Santiago, José Luis Alonso de Santos, Fernando Sánchez Dragó y César Alonso de los Ríos. Entre los profesores figuran dos de los miembros de la comisión de expertos, el historiador Antonio Morales y el geógrafo Eugenio García Zarza, el único profesor de la Universidad de Salamanca entre los firmantes, así como Luis Miguel Enciso, José María Balcells, Andrés Amorós, Isabel Cantón, Javier Blasco y Fermín de los Reyes, entre otros.

Acebes manifestó anteayer en París, donde se entrevistó con Nicolas Sarkozy, presidente del UMP, partido de centro-derecha que gobierna Francia, que la manifestación de esta tarde en Salamanca se inscribe en la misma línea de la movilización del pasado sábado organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Acebes afirmó que "la movilización es consecuencia de un Gobierno que no escucha, no dialoga y está sometido a las presiones de los más radicales", entre los que señaló al líder de ERC, Josep Lluís Carod Rovira.

El consejero de Relaciones Institucionales y Participación del Gobierno catalán y presidente de ICV, Joan Saura, denunció ayer que la manifestación es "un intento de instrumentalización por parte del PP" de la decisión de Gobierno español de devolver a la Generalitat los documentos incautados durante la Guerra Civil. Saura manifestó su esperanza de que el avivamiento de la polémica no influya en la decisión del retorno de los legajos y que "el proyecto de ley que se está tramitando en las Cortes no recoja ningún paso atrás en la decisión del Gobierno".

El PP ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de ley amparándose en que ha llegado al Parlamento sin el informe del patronato del Archivo ni de la Junta Superior de Archivos, órganos consultivos, que, según el grupo popular, tienen la obligación de emitir informes sobre temas que les son propios como éste.

El Ayuntamiento de Salamanca ha enviado al Congreso de los Diputados una moción aprobada por el Consistorio con los 14 votos a favor del PP frente a los 12 de PSOE, en la que pide el rechazo del proyecto de ley por considerar que "supondrá el desmantelamiento de los fondos y su desaparición".

El pasado martes, las Cortes de Castilla y León también aprobaron con la mayoría de los votos del grupo popular una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno español a retirarlo.

La consejera de Cultura del Gobierno catalán, Caterina Miras, manifestó ayer su convencimiento de que los legajos serán devueltos a Cataluña. "Tengo total confianza en que el próximo 22 de junio se apruebe el retorno de los documentos incautados. Hay una mayoría parlamentaria que así se manifestará", concluyó.

Por su parte, la Comisión de la Dignidad, la plataforma cívica que ha agrupado las reividicaciones de los papeles en Cataluña, aseguró a través del historiador Josep Cruanyes, uno de sus miembros, que considera "lamentable" la convocatoria de la manifestación". "Mientras en Europa se homenajea a las víctimas de la represión nazi y surge un movimiento de la recuperación de la memoria histórica, en España no se ha asumido que es necesario compensar a las víctimas que padecieron la expropiación de sus archivos". Cruanyes pidió a los convocantes de la concentración de esta tarde que "digan que no quieren devolver los documentos mirando a los ojos de los familiares de catalanes ilustres como Cambó o Rovira i Virgili". "Seguro que no tendrán valor de hacerlo", añadió.

El líder del PP de Cataluña, Josep Piqué, desvinculó la manifestación de la demanda catalana. "No es una protesta contra Cataluña y sus demandas", aseguró. Piqué, que está a favor de la devolución de los documentos a la Generalitat, precisó que la concentración de esta tarde es "una protesta por la forma como se ha tomado la decisión" de devolver a Cataluña los documentos. "Una decisión unilateral sin el menor diálogo, ni con el Ayuntamiento de Salamanca, ni con la Junta de Castilla y León".