La Ley del Medicamento prevé un ahorro de 1.500 millones en tres años

La Ley del Medicamento que ha preparado Sanidad producirá unos ahorros de 1.500 millones de euros en tres años, según la ministra de Sanidad, Elena Salgado. El cálculo se ha hecho partiendo del actual volumen de ventas de aquellos productos cuya patente vencerá en 2006, 2007 y 2008. Estos productos sufrirán una rebaja del 20% o, si existe un genérico equivalente, se les aplicará un precio de referencia (el máximo que está dispuesta a pagar la Seguridad Social).

Salgado también indicó que quiere que la ley entre en vigor lo antes posible en 2006. Ello dejaría en suspenso las medidas provisionales de ahorro previstas para el año que viene: una rebaja de un punto en el margen de la distribución y otra del 2% sobre todos los medicamentos.

Los sectores afectados empezaron ayer a evaluar el anteproyecto. El director general de la patronal de laboratorios Farmaindustria, Humberto Arnés, destacó como positivo la gradualidad de la aplicación de los precios de referencia (los productos afectados podrán rebajar su precio un 30% anual) y que se "clarifique" el empleo de bonificaciones (la ley las prohíbe). En cambio criticó el descenso del 20% del precio de todos los productos con más de 10 años. "Si no tienen genérico y no se les puede aplicar el precio de referencia, es porque ya tienen un precio muy justo", señaló. También mantiene su oposición a la tasa del 4,2% impuesta a los fabricantes.

Incentivos a los genéricos

Los fabricantes de genéricos fueron los más satisfechos. "En general es una buena ley", dijo el presidente de la patronal Aeseg, Miguel Barbero. Destacó la posibilidad de poder a investigar en nuevos productos dos años antes de que venza la patente y la aprobación acelerada para los más baratos. Entre lo "mejorable", pidió que la tasa no se les aplique hasta llegar a una cuota del 10% o el 12% del mercado. También pidió incentivos para que los médicos receten genéricos.

El presidente de la Federación de Distribuidores de Farmacia, Antonio Mingorance, criticó que a ellos se les obligue a garantizar el suministro, pero ese imperativo no se aplique a los fabricantes.

Las mayores críticas llegaron del presidente del Consejo General de Colegios de Farmacia, Pedro Capilla. Éste se quejó de que no habían participado en la redacción de la ley, y de la carga burocrática de tener que hacer factura de todos los medicamentos vendidos. "Eliminar el precio del envase generará desconfianza", afirmó. Capilla también protestó por la desaparición de las bonificaciones, que considera una práctica comercial más.

El PP, mediante una nota, afirmó que la ley generará "confusión y desorientación en el consumidor", y criticó que se limite el impacto de los precios de referencia cuando con el anterior sistema se podían conseguir rebajas del 60% o 70%.