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CRISIS EN BOLIVIA

Bolivia busca una salida al caos

El Congreso suspende la sesión en la que debía elegir nuevo presidente ante la falta de seguridad

Fernando Gualdoni

El Congreso boliviano suspendió anoche la sesión que tenía previsto celebrar en Sucre para hallar una salida a la grave crisis del país. Los parlamentarios consideraron que sus vidas estaban en peligro tras la llegada de más de un millar de mineros y campesinos hasta el centro de la ciudad, enfurecidos después de que la policía matara de un disparo a un manifestante e hiriera a otros tres en una escaramuza en las afueras de la ciudad. El Congreso debía decidir si aceptaba la dimisión del presidente Carlos Mesa y, de hacerlo, definir quién sería su sucesor. Ante la posibilidad de que el jefe del Senado, Hormando Vaca Díez, ocupase la presidencia, los movimientos sociales marcharon sobre Sucre para impedirlo.

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La suspensión hasta nuevo aviso de la sesión del Congreso ahonda la que es una de las peores crisis de Bolivia. Los 27 senadores y 130 diputados consideraron que su seguridad no estaba garantizada. Tras la muerte de un minero y las heridas de otros tres por disparos de la policía en un control en una carretera de acceso a Sucre, un millar de manifestantes llegaron a menos de cien metros el edificio donde iba a reunirse el Parlamento.

Los legisladores se refugiaron en la gobernación provincial y desde allí manifestaron que en esas condiciones no podían tomar ninguna decisión importante para el futuro del país. Con la suspensión de la sesión se espera un recrudecimiento de las manifestaciones, los enfrentamientos y los bloqueos, en especial el que sufre La Paz desde hace tres semanas.

La reunión parlamentaria de ayer era clave. El Congreso debía aceptar o no la renuncia presentada el lunes por el presidente Carlos Mesa. En esto no había prácticamente fisuras entre las fuerzas políticas. Pero si el Congreso permitía la salida del mandatario, entonces tenían que abordar el debate sobre la segunda y más polémica cuestión: la sucesión presidencial.

La Constitución boliviana prevé al detalle el orden sucesorio y, según este, es el presidente del Senado, el cruceño Hormando Vaca Díez, quien debería ser nombrado presidente hasta completar el mandato en agosto de 2007. El problema es que Vaca Díez, que es oriundo de la rica provincia de Santa Cruz y miembro de la clase política más tradicional, es muy impopular entre los movimientos sociales que con su protesta han forzado la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003 y ahora la de Mesa. Los manifestantes quieren que los presidentes del Senado y de Diputados también renuncien para que el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, se haga cargo del Gobierno interino y convoque inmediatamente elecciones.

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Mario Cossío, el presidente de la Cámara Baja, ha manifestado que no tiene ningún interés personal en ocupar la jefatura del Estado. No obstante, Vaca Díez nunca ha sido claro a la hora de responder si dará un paso al costado. Los líderes de los movimientos sociales, especialmente el dirigente cocalero Evo Morales, sospechan que Vaca Díez, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), ha fraguado una alianza con los otros dos grandes grupos tradicionales, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) del ex presidente Sánchez de Lozada y Nueva Fuerza Republicana (NFR), para convertirse en presidente.

Los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, y los del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), se han unido a su vez con los grupos minoritarios del Parlamento para oponer la mayor resistencia al ascenso del senador cruceño. Morales sabe que los tres partidos tradicionales suman 90 parlamentarios frente a los 67 que él puede reunir, por lo que cuenta con la presión popular para evitar la supuesta maniobra de Vaca Díez.

Los líderes de los diferentes movimientos de protesta que mantiene paralizado al país con 138 bloqueos en diferentes carreteras, han asegurado que si Vaca Díez se hace cargo del Ejecutivo, no durará en el puesto más que unas horas, y advierten de que esta jugada del senador puede desembocar en una guerra civil. El grueso de los manifestantes que ayer mantuvo la protesta en las calles de La Paz estaba convencido de que Vaca Díez preparaba un golpe de Estado con la ayuda de los sectores empresariales de Santa Cruz, la provincia que unilateralmente puso en marcha un proceso autonómico, y con el apoyo de un sector del Ejército. Una vez más, ante estos rumores, la cúpula militar se apresuró a manifestar su apoyo al orden constitucional y solicitó a los políticos que "interpreten el sentir del pueblo".

La Iglesia, temiendo lo peor, emitió un comunicado sumándose a la petición de elecciones anticipadas como exigen la mayoría de los sectores de la población y como única solución a la crisis que vive el país. "Ante todo", dice el comunicado, "vemos que es opinión de las mayoría de los consultados que se convoque a elecciones generales anticipadas para poder encontrar un nuevo equilibrio político y democrático que exprese la voluntad soberana y facilite la gobernabilidad del país". Las autoridades eclesiásticas, que durante la semana pasada se reunieron con todos los sectores enfrentados para mediar en la crisis, subrayaron que no apoyan la designación de ningún candidato concreto para la presidencia. Varios analistas políticos consideraron al comunicado como un "varapalo" a las presuntas ambiciones presidenciales de Vaca Díez.

El temor a lo que pueda pasar si el senador cruceño asume la presidencia ha impulsado al propio presidente Mesa a pedirle en un mensaje televisado que allane el camino a un nuevo proceso democrático. Fuentes diplomáticas, sobre todo de los países limítrofes, también creen que lo más sensato sería que Vaca Díez se aparte para evitar el derramamiento de sangre.

Habitantes de El Alto, una ciudad dormitorio próxima a La Paz, comienzan a desplazarse en bicicletas debido a los bloqueos y a la creciente carestía de la gasolina.
Habitantes de El Alto, una ciudad dormitorio próxima a La Paz, comienzan a desplazarse en bicicletas debido a los bloqueos y a la creciente carestía de la gasolina.EFE

Una ciudad aislada del mundo

La ciudad de La Paz permaneció ayer sitiada, a pesar de que el Congreso decidió reunirse en Sucre para evitar la escalada de la violencia. La sensación era que se estaba viviendo una especie de jornada de vigilia.

Todas las miradas y las expectativas estaban puestas en Sucre. En el centro de la ciudad hubo marchas, pero no se registraron fuertes enfrentamientos con la policía como en los días anteriores. La bajada de intensidad de las movilizaciones, sin embargo, no se trasladó a los bloqueos, que se mantuvieron firmes.

Para colmo, el único modo de salir o entrar a la ciudad, el aeropuerto de El Alto, suspendió a mediodía de ayer sus operaciones tras una huelga del personal que se sumó a la exigencia popular de que el Congreso permita las elecciones anticipadas. El viceministro de Transporte, Mauricio Navarro, confirmó la suspensión de todos los vuelos regulares. Con este cierre, La Paz ha quedado completamente aislada del mundo. La medida también afectó a los otros dos aeropuertos internacionales, el de Cochabamba y el de Santa Cruz. Una empresa privada, no obstante, se encargará de atender los vuelos de emergencia.

La escasez de combustibles y bombonas de gas es acuciante. Cada vez hace más frío en esta ciudad del Altiplano y la gente hace malabarismos para conseguir un poco de energía que le provea transporte o calor. Los alimentos también han mermado peligrosamente, en especial en los hospitales, orfanatos y cárceles, donde aumenta el temor a los amotinamientos. También peligra el suministro de agua en toda la ciudad por la falta de químicos para potabilizarla. El alcalde paceño, Juan del Granado, harto del asedio, comenzó ayer una huelga de hambre junto a sus homólogos de Cochabamba, Potosí y Sucre.

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Sobre la firma

Fernando Gualdoni
Redactor jefe de Suplementos Especiales, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS como redactor de Economía, jefe de sección de Internacional y redactor jefe de Negocios. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, analista de Inteligencia por la UC3M/URJ y cursó el Máster de EL PAÍS y el programa de desarrollo directivo de IESE.

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