Una denuncia de sobornos a diputados pone al Gobierno de Brasil contra las cuerdas

Brasil vive un terremoto político después de que Roberto Jefferson, presidente del Partido de Laborista de Brasil (PTB), acusara al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de haber sobornado a diputados de los partidos aliados con 30.000 reales (10.000 euros) al mes para que aprobaran las leyes presentadas por el Ejecutivo. En declaraciones realizadas el lunes al diario Folha de São Paulo, Jefferson afirma que en dos ocasiones y en presencia de tres ministros informó del escándalo al presidente Lula, quien al parecer "lloró" al enterarse. También informó a José Dirceu, ministro de la Presidencia de la República.

Las crisis políticas se amontonan sobre el presidente Lula, que vive el peor momento desde su elección en 2002. Las acusaciones de corrupción contra su Gobierno y su partido político, el Partido de los Trabajadores (PT), han comenzando a afectar a la economía, haciendo tambalearse a la Bolsa y revalorizando el dólar.

Por primera vez, constitucionalistas y jueces hablan del proceso de destitución, recordando que el caso es muy parecido al que obligó al ex presidente Fernando Collor a dimitir. Lo más sintomático es que las acusaciones no le han llegado a Lula de la oposición, sino de uno de los aliados más fieles al Gobierno, el Partido Laborista de Brasil, con 52 diputados, la mitad de los que tiene el PT.

Impedir la investigación

El escándalo estalla días después de que se desvelara una supuesta red de corrupción en el servicio de Correos, que Lula había entregado al PTB de Jefferson El Gobierno hizo todo lo posible por impedir la investigación del caso por parte de una comisión parlamentaria, en contra del 86% de la opinión pública, que la aprobaba. El presidente Lula destituyó anoche a toda la directiva de Correos. Según fuentes cercanas al presidente se trata de "una primera medida" para poner coto a los escándalos.

Jefferson amenazó que si el Gobierno lo abandonaba en ese asunto iban a saltar muchas cabezas con él. El lunes, el presidente del PTB denunció a la prensa la supuesta red de corrupción en el Parlamento y afirmó que Lula estaba informado. Jefferson comprometió así al presidente, y ahora la oposición quiere saber si Lula hizo todo lo posible para indagar el escándalo o cerró los ojos. Ayer cuatro de los gobernadores más importantes del país (de São Paulo, de Minas Gerais, de Río Grande do Sul y de Río de Janeiro) exigieron una respuesta de Lula a las graves acusaciones de Jefferson.

Para empeorar las cosas, el gobernador de Goiás, Marco Perillo, una de las figuras de relieve del Partido Socialista Democrático de Brasil (PSDB), afirmó ayer que también él había informado de la corrupción del Parlamento al presidente Lula en mayo de 2004.

Tras la explosión de la bomba Jefferson hubo momentos de indecisión en el Gobierno y en el PT. El presidente encargó al ministro de Coordinación Política, el comunista Aldo Rebelo, que respondiera en su nombre, confirmando que Jefferson le había informado pero "de forma genérica" y sin llevarle pruebas, y que él había encargado hacer una investigación que dio resultados negativos.

Rebelo fue también el encargado de afirmar que las acusaciones de Jefferson no habían sido "contra el Gobierno", sino "contra un partido", es decir, contra el PT, que sería el encargado de corromper a los diputados. Y es que Lula se siente cada día más a disgusto con las divisiones dentro de su partido y no quiere que eso salpique a su Gobierno.

El PT, cuya bandera durante sus 20 años en la oposición había sido la de la ética y la lucha contra la corrupción, se está viendo involucrado cada día en escándalos que podrían acabar comprometiendo seriamente la reelección de Lula el año próximo. La última puntilla ha sido el encarcelamiento de tres importantes militantes del PT en Mato Grosso, acusados de haber sido durante estos últimos años los responsables de la deforestación de miles de hectáreas de selva amazónica concediendo licencias falsas a los madereros a cambio del financiamiento ilegal del partido. Anoche, Lula tenía que abrir el Congreso Mundial sobre la Corrupción organizado en Brasilia por la ONU, una buena ocasión para aclarar las acusaciones contra él y contra su partido.