Europa investiga el urbanismo valenciano

Bruselas ha enviado a la Comunidad Valenciana, por segunda vez en un año, una comisión de eurodiputados para que investiguen las 15.000 denuncias por presuntos abusos urbanísticos que han presentado pequeños propietarios de fincas y chalés que sienten sus derechos amenazados debido a una indiscriminada aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo elaborará un informe al Parlamento, donde se debatirá el modelo desarrollista del litoral valenciano.

En 2004, otra comisión del Parlamento europeo realizó un primer informe sobre la situación

Los tres eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo han vuelto a visitar la Comunidad Valenciana para investigar in situ unos 15.000 casos de presuntos abusos cometidos al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y denunciados en su mayoría por la asociación Abusos Urbanísticos No (AUN). Los afectados denuncian cómo esta norma, aprobada en 1994 por una Generalitat socialista y mantenida durante más de un decenio por los posteriores Ejecutivos del PP, les ha obligado "a pagar elevadas y aparentemente arbitrarias cuotas de urbanización a las que no pueden hacer frente, cuando no a la expropiación de su patrimonio, en beneficio de las compañías urbanizadoras", según las quejas que maneja la delegación europea. El laborista británico Michael Cashman, vicepresidente del Comité de Peticiones y jefe de la delegación, aseguró hace unos días en Alicante que Bruselas se ha tomado "muy en serio" las 15.000 quejas y denuncias que han llegado de propietarios que alertan de la vulneración de derechos básicos y fundamentales como el de la propiedad.

Apenas habían pasado 12 meses desde la primera visita, en mayo de 2004, de otra delegación de europarlamentarios que elaboró un primer informe que ha dado pie al envío de esta segunda misión y a nombrar una ponente especial -la liberal francesa Janelly Fourtou-, que será la responsable de presentar un completo informe y una resolución al Parlamento Europeo el próximo otoño sobre esta polémica urbanística. En los cinco días que ha durado esta misión a España, los tres eurodiputados se han entrevistado con afectados por la LRAU, representantes de la Generalitat, embajadores de otros países europeos en representación de los residentes extranjeros afectados, alcaldes, promotores y el Gobierno central. Más de mil personas en total, afirmó el propio Cashman el viernes en Madrid.

Una de esas reuniones fue con alcaldes de municipios alicantinos sometidos a una gran presión urbanística. Los munícipes acusaron a los eurodiputados de estar "mal informados y mediatizados", ya que según ellos, "sólo han tenido en cuenta a los afectados". Precisamente son estos propietarios quienes han arremetido contra algunos ayuntamientos y el Consell valenciano por la "falta de transparencia y de competencia" en la adjudicación de los planes urbanísticos. Cashman animó a los afectados a denunciar estos supuestos atropellos ante los tribunales de justicia.

La LRAU no es el único proceso vinculado al urbanismo que investiga la Unión Europea. La Comisión abrió hace unos meses un expediente a España por la falta de transparencia en los contratos de adjudicación de la urbanización de un proyecto urbanístico, previa denuncia de AUN. El proceso se sustanciará en los próximos meses.

Mientras sucede esto en instancias comunitarias, los proyectos urbanísticos surgidos desde 1998 al calor de la LRAU ocupan ya 120 millones de metros cuadrados de suelo rústico valenciano, en los que se proyecta levantar miles de segundas residencias y decenas de campos de golf, según la plataforma AUN. Alicante es la provincia con mayor superficie a urbanizar, con unos 50 millones de metros cuadrados, seguida de Castellón, con otros 40, y de Valencia, con 30. La Consejería de Territorio de la Generalitat ha paralizado de 13 a 14 PAI (Programas de Actuación Integrada) porque no cumplían la legislación urbanística.