Rebelión contra el desempleo
A pesar de que el número de solicitudes de empleo experimentó una pequeña disminución en abril, el índice de paro de Francia sigue siendo uno de los más altos de Europa, el puesto 21 entre los 25 miembros de la UE. Y es evidente que el empleo será la prioridad del próximo Gobierno.
A finales de abril, pese a un ligero retroceso en el número absoluto de solicitudes de empleo (-1.400), el índice de paro, que Jean-Pierre Raffarin se había comprometido a reducir por debajo de la barrera del 9%, permanecía firme en el 10,2%, según las cifras publicadas el 31 de mayo por el Ministerio de Trabajo.
El desempleo entre los menores de 25 años sigue siendo muy elevado (23,3 %), con un aumento del 3,6% en el último año. Junto con los asalariados de más edad -que constituyen una parte importante de las personas exentas de buscar empleo y no contabilizadas en las estadísticas-, los jóvenes siguen siendo la categoría más expuesta al paro, y llevan siéndolo treinta años.
Desde hace un año, el paro ha subido del 2,1% al 2,6%, según las categorías de los solicitantes de empleo que se tienen en cuenta. Una situación que los franceses no aceptan y que fue uno de los motivos importantes del no.
Otro indicador del recelo de los franceses en el segundo trimestre es la clara caída de la confianza de los hogares en el mes de mayo. Según el Instituto Nacional de Estadística y estudios económicos (INSEE), en mayo, todos los sondeos tienen "una orientación desfavorable" (el indicador pasa de -24 puntos, en marzo, a -29). Esta cifra se queda corta respecto a lo que esperaban los analistas, que preveían una ligera bajada del índice, hasta los 25 puntos. El INSEE destaca que, además de que persiste un alto índice de paro, la opinión de los hogares sobre las perspectivas de evolución se deteriora.
Las repetidas promesas del primer ministro de hacer bajar el paro en un 10% y la ausencia de resultados no han hecho más que aumentar la inquietud. Respecto a la cohesión social, el autor del plan aprobado por el Parlamento el 18 de enero, el ministro de Cohesión Social, Jean-Louis Borloo, no ha dejado de recordar que su propuesta sólo podría dar resultados a finales de año, en el mejor de los casos, o incluso en 2006, aunque eso haya supuesto contradecir a su primer ministro.
El plan Borloo suprime ciertos puestos de trabajo subvencionados, como los contratos de solidaridad (CES), para sustituirlos por contratos de futuro. Pero éstos no van dirigidos al mismo sector: mientras que los CES y los contratos juveniles ofrecían fundamentalmente una salida a los menores de 25 años, los contratos de futuro están destinados a los beneficiarios de las prestaciones sociales mínimas. Al día siguiente del referéndum, el ministro confirmó y justificó su política: "Siempre he señalado que habría un periodo de latencia de un año", declaró a Le Monde Borloo, que confirmó que "el termómetro tiene que bajar hacia finales de 2006". Asimismo llegó a cifrar los efectos del plan de cohesión social, "entre 2 y 3 puntos estructurales" de reducción y un índice de paro que, en su opinión, podría descender hasta el 8,4% o el 8,6% para mediados de 2006.
El ministro sólo está seguro de una cosa: "La reactivación no se hará sin un clima de confianza", lo que implica mantener el rumbo de la política social del Gobierno. "No se puede dejar de oír la señal del domingo, y es preciso reforzar el vínculo de cohesión social con los interlocutores sociales, las ciudades, las regiones...", añadía Borloo.
Lo que el nuevo Gobierno tendrá que preguntarse es si el plan de cohesión social va a ser suficiente o si habrá que seguir el ejemplo de los países europeos con menos índice de paro.
