El coste de la reforma educativa superará los 6.100 millones de euros en cinco años
El Gobierno financiará más del 55% de las nuevas medidas previstas en la LOE
![Carmen Morán Breña](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F62d31e9f-9943-4d92-997c-a15aa4a35bf9.png?auth=8424e1fb56009e0c1a0500325c8d01c9aba1ec2b74a4d4518db4efbcae00ece7&width=100&height=100&smart=true)
El Gobierno ha calculado el coste que tendrán las medidas educativas de mejora y puesta en práctica de Ley Orgánica de Educación hasta el año 2010 y la suma supera los 6.100 millones de euros en cinco años. El Ministerio de Educación se hará cargo de más del 55% de ese gasto y el resto lo aportarán las comunidades, algo que se discutirá con las consejerías mañana. Para cubrir la gratuidad de la etapa de tres a seis años se destinarán 1.400 millones de euros. El capítulo de becas se verá incrementado en 1.275 millones en estos años y casi 600 se aportarán para la escolarización de cero a dos años.
En los próximos cinco años el sistema educativo español recibirá 6.106 millones de euros adicionales para satisfacer las demandas europeas de calidad y dotar a la nueva reforma legal de una memoria económica. El gasto público educativo en España es alrededor de 40.000 millones anuales, sin contar la universidad. Esta inyección de dinero se distribuirá entre las distintas etapas educativas, sin excluir las no obligatorias (de cero a seis años y el bachillerato y la FP). El ministerio aseguró que a estas cuentas hay que añadir la revisión futura de los conciertos, la gratuidad de los libros o el incremento progresivo de los gastos de personal.
- Infantil. Para satisfacer la demanda de plazas de educación infantil, de cero a dos años, se prevé un aumento cercano a los 600 millones de euros en los cinco años, de 2006 a 2010, que sufragarán las comunidades autónomas, según ha decidido el ministerio en la memoria evaluada. Está pendiente la negociación con las comunidades. Por otro el Gobierno pagará a las autonomías el esfuerzo por haber ido escolarizando a los niños de tres a seis años tanto en centros públicos como en concertados, desde que la Ley de Calidad del PP determinó que esa etapa sería gratuita, aunque no presupuestó dinero para ello. Este capítulo recibirá 1.407 millones de euros.
- Primaria y secundaria. Para estas etapas se prevén ayudas al estudio y programas de refuerzo para los chicos que no consiguen los objetivos. Gobierno y comunidades pagarán al 50% los 377 millones previstos. También se contabiliza el dinero necesario para atender la diversidad de alumnado, para lo que se propone desdoblar las clases (para atender y reforzar a grupos más pequeños), adaptar los programas escolares a las capacidades de los alumnos (diversificación curricular) o la atención especial para alumnos inmigrantes o aquellos que se incorporan de forma tardía al curso. "Los centros que escolaricen más alumnos de este tipo dispondrán de los recursos necesarios para atenderlos", dice el texto. Para todo ello se ha previsto un aumento de 268 millones de euros repartidos en los cinco años que financiarán las comunidades.
- Idiomas. En el segundo ciclo de la educación infantil la nueva ley prevé un acercamiento del alumno a una lengua extranjera, algo que será una exigencia al pasar a la educación primaria y en secundaria. En esta última etapa se introducirá un segundo idioma de forma opcional para el alumno. Para todo ello se han calculado 181 millones de euros. El 40% lo afrontará el ministerio.
- Becas. Con el aumento en ayudas al estudio se pretende contribuir a mejorar las tasas de matriculación en etapas no obligatorias. Se prevé un incremento anual de unos 85 millones de euros. Los cálculos del ministerio es que los recursos para becas deben aumentar un 50%. El objetivo es que el número de alumnos escolarizados en bachillerato y FP de grado medio se eleve un 10%. El porcentaje de personas de 18 a 24 años que están fuera del sistema educativo y cuyos estudios no superaban la educación obligatoria era en 2004 un 30,4% mientras que la media europea es del 18%.
- Apoyo al profesorado. Se contemplan dos medidas fundamentales: subir el sueldo a los docentes que se dediquen a las tutorías (son las personas que hacen de puente entre las familias y los centros educativos y prestan un apoyo especial a los chicos con más problemas) así como a aquellos que acrediten, mediante evaluaciones aún por detallar, una mayor dedicación y esfuerzo por las tareas escolares. Para este apartado se destinarán 334 millones que serían aportados por las comunidades. La Administración central se hará cargo del 100% de la segunda parte del capítulo del profesorado, las jubilaciones. Una nueva prórroga de cuatro años permitirá a los profesores seguir jubilándose con 60 años ( y al menos 15 de servicio) con la misma pensión que si hubieran cumplido los 65. Tendrán gratificación los que lleven 28 o más años dedicados a las aulas. El coste que se recoge para satisfacer esta medida es de 352 millones de euros.
- Nuevas tecnologías. La memoria económica detalla que la administración central sufragará el 63% del gasto que se incremente en estos años para este capítulo. El resto correrá por cuenta de las comunidades, según lo previsto por el Gobierno. El Ministerio de Educación ya tenía firmado el convenio Internet en el Aula con el Ministerio de Industria. Este proyecto cuenta con la colaboración de las comunidades autónomas.
Otra oportunidad para conseguir el título
"Son muchos los jóvenes que todavía hoy no alcanzan el título de graduado en ESO", reconoce el Ministerio de Educación en la memoria económica presentada ayer. Esos alumnos, mayores de 16 años, podrán cursar programas de cualificación profesional inicial cara al mercado laboral. Pero también podrán hacer módulos formativos voluntarios orientados a obtener el título de graduado en secundaria.
El ministerio estima que el número de alumnos que sigan estos programas podrían verse incrementado en un 50% en cinco años respecto a las cifras actuales. Y prevé una posible implantación anticipada de alguno de estos módulos formativos, por lo que destina tres millones de euros para 2006. La memoria económica establece que los programas de cualificación profesional inicial correrán a cargo del que tenga las competencias, lo que se traduce por las comunidades autónomas. El Gobierno tiene competencias educativas en las ciudades de Ceuta y Melilla y en algunos capítulos, como el de becas.
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