Réplica

En su editorial Táctica de camuflaje, publicado el 30 de mayo, EL PAÍS repite las críticas de Amnistía Internacional al Gobierno de Estados Unidos. Su editorial critica "algunas de las disposiciones de la Patriot Act", compara el centro de detención de Guantánamo con un gulag y califica de "tenue" la respuesta de Estados Unidos a los malos tratos a prisioneros.

La comparación con los gulags de la era soviética sugiere o una notable falta de familiaridad con la historia o una notable voluntad de tergiversar la verdad. Éstos son los hechos sobre Guantánamo: los detenidos allí son combatientes enemigos, que no pertenecen a ningún ejército u organización de ningún país, que en la mayoría de los casos fueron capturados en los campos de batalla de Afganistán cuando trataban de atacar a los estadounidenses. Mientras duran las hostilidades, han sido retenidos debido al evidente peligro de que, si fueran puestos en libertad, continuarían tratando de perpetrar atentados terroristas contra Estados Unidos y sus aliados. Han recibido un trato humano y digno, atención médica, comidas apropiadas desde el punto de vista cultural y religioso y asistencia religiosa. Se está llevando a cabo un proceso de revisión y reconsideración judicial del estatus de los detenidos.

Su editorial no cita ninguna disposición concreta de la Patriot Act como cuestión preocupante, pero permítanme que intente responder a su crítica.

La legislación de la Patriot Act fue aprobada por una amplia votación de ambos partidos en el Congreso (357-66 en la Cámara de Representantes, 98-1 en el Senado). Sus disposiciones están abiertas a la revisión y el control judiciales, y su aplicación, sujeta a la supervisión del Congreso como cualquier otra ley. Los poderes que otorga a los organismos encargados de hacer cumplir la ley van acompañados de garantías adecuadas para asegurar la protección de todas las libertades individuales y los derechos constitucionales. Y en cualquier momento los miembros del Congreso pueden, en calidad de representantes electos del pueblo, decidir su modificación, mantenimiento o derogación, como de cualquier otra ley.

Y, por último, Abu Ghraib. En los casi cuatro años transcurridos desde el 11 de septiembre de 2001, durante las campañas militares en Afganistán e Irak, Estados Unidos ha investigado 325 acusaciones concretas de malos tratos a prisioneros en Guantánamo, Abu Ghraib y Bagram. Muchas de esas acusaciones, como la falsa historia de Newsweek sobre la profanación del Corán, fueron simplemente falsas. Otras, me avergüenza decir, fueron verdaderas. Se han probado aproximadamente 100 acusaciones, y los responsables están siendo investigados, juzgados y castigados. Cien personas han sido castigadas ya por estos malos tratos.

No defiendo, excuso o justifico de ninguna manera estos sucesos. Los malos tratos en Abu Ghraib fueron una terrible mancha en el honor de Estados Unidos. Pero Estados Unidos está reaccionando de manera honrada, admitiendo de manera franca el problema, investigándolo y haciendo que los culpables rindan cuentas. No se puede deshacer lo ocurrido, pero podemos tomar medidas, y lo estamos haciendo para garantizar que se hace justicia y que esos malos tratos no se repiten.

Amnistía Internacional cuenta con un largo historial de valiosas contribuciones a la concienciación de la opinión pública sobre los asuntos relacionados con los derechos humanos, entre ellas, en el pasado, sobre los verdaderos gulags. Es de lamentar que haya socavado su credibilidad con este último informe tan parcial. También es de lamentar que EL PAÍS, periódico que se esfuerza por mantener su seriedad y su reputación, haya optado por repetir las acusaciones tergiversadas, parciales y carentes de rigor informativo de Amnistía Internacional.