Madrid y Cataluña se reparten casi la mitad del fondo para la integración de inmigrantes

Madrid y Cataluña, con algo más de 27 millones de euros cada una, son las comunidades autónomas más beneficiadas por el reparto de los 120 millones de euros del Fondo de Integración de Inmigrantes, que el Gobierno ha habilitado este año por primera vez. La partida, que fue aprobada por el Consejo de Ministros de la semana pasada, pretende ayudar a las comunidades y a los ayuntamientos con mayor presencia de ciudadanos no comunitarios a incrementar sus programas de acogida e integración, a los que destina 72 millones de euros, y de refuerzo educativo, a los que asigna 48 millones.

Tras Madrid y Cataluña, otras autonomías especialmente beneficiadas por el reparto son la Comunidad Valenciana, con 14,3 millones de euros, y Andalucía, con 13,1. A considerable distancia se sitúan Murcia, con 7,4 millones; Canarias, con 5,7, y Castilla-La Mancha, con 4,1.

El reparto de los recursos del fondo entre las comunidades se ha efectuado en función de tres criterios objetivos: número de inmigrantes empadronados, número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social y número de menores extranjeros escolarizados. Las comunidades deberán distribuir el 50% del dinero (60 millones de euros) entre los ayuntamientos, ya que el Gobierno entiende que es en el entorno local donde se producen los procesos de integración.

La cantidad destinada a acogida e integración es de 72 millones de euros. De ellos, se ha destinado una asignación básica de 378.947,37 euros (10%) igual para cada una de las comunidades, en aplicación de un criterio de solidaridad interterritorial y con el fin de que las comunidades en las que haya una presencia menor de inmigrantes cuenten, en todo caso, con una aportación estable.

Otros 14,4 millones (20%) se han repartido entre seis comunidades que se encuentran en una situación especial por ser frontera terrestre o marítima, o por tener aeropuertos por los que se registran entradas importantes de sin papeles. También se valoran el número de municipios, el carácter uniprovincial o pluriprovincial de la comunidad, su extensión territorial y la proporción de inmigrantes sobre la población total. Las seis autonomías incluidas en este apartado son Cataluña (4,5 millones de euros), Madrid (3,8), Andalucía (2,6), Comunidad Valenciana (1,5), Canarias (1,2) y Murcia (0,8).

Otros 25,2 millones (35%) han sido repartidos en función del número de extranjeros no comunitarios empadronados a 1 de enero de 2004. Las comunidades a las que mayor cantidad se les asigna por este concepto son Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, que suman un total de 17,5 millones de euros, lo que representa casi el 70% del total de esta partida.

El 25% de los 72 millones ha sido distribuido en función del número de afiliados a la Seguridad Social en cada comunidad, excluido el régimen agrario. Las comunidades más favorecidas por este criterio son Madrid (4,9 millones de euros), Cataluña (54,6) y Comunidad Valenciana (1,9). Entre las tres suman 11,4 millones, que representan casi el 64% del total.

Por último, 7,2 millones de euros (10%) han sido asignados en relación con número de inmigrantes afiliados al Régimen Especial Agrario. Las comunidades que reciben mayor asignación por este concepto son Murcia (dos millones de euros), Andalucía (1,7), Comunidad Valenciana (1,1) y Cataluña (0,7). Entre las tres suman 5,6 millones, que representan el 78% del total de esta partida.

Refuerzo educativo

En cuanto al reparto de los 48 millones de euros asignados para refuerzo educativo, se ha efectuado conforme a dos criterios: número de menores no comunitarios escolarizados y número de menores procedentes de países que no hablen castellano. Al primero de estos criterios el Gobierno destina el 60% de la inversión (28,8 millones de euros); al segundo, el 40% (19,2 millones). Las regiones más favorecidas son Madrid (12 millones de euros) y Cataluña (11 millones).

El Ejecutivo recuerda que el País Vasco y Navarra cuentan con un régimen tributario específico, que les permite "una óptima financiación de los servicios públicos, entre los que se encuentra la educación". En cambio, considera importante compensar el esfuerzo que están realizando los ayuntamientos para desarrollar programas de acogida e integración de los inmigrantes. Por eso ha destinado la práctica totalidad de la partida de acogida e integración a los consistorios. En cuanto a Ceuta y Melilla, pertenecen al territorio del Ministerio de Educación y Ciencia, por lo que su financiación es sufragada directamente por el Gobierno.