Colegios y sindicatos médicos invocan la presunción de inocencia

La ministra de Sanidad, Elena Salgado, pidió ayer "esperar a las conclusiones de la fiscalía" sobre las sedaciones del hospital de Leganés, e hizo un llamamiento a la calma "para no crear alarma entre la ciudadanía". El Colegio de Médicos de Madrid y el principal sindicato de facultativos (CESM) exigieron respeto a la presunción de inocencia hasta que se produzca una resolución judicial firme. En parecidos términos se expresaron CC OO y UGT.

"Hay que esperar a las conclusiones de la fiscalía", dijo Salgado, "y por lo tanto ése será el momento en el que podamos de verdad comenzar a solucionar este tema entre todos". La ministra evitó pronunciarse sobre el informe de la comisión Lamela y se limitó a señalar: "La consejería supongo que ha hecho lo que tenía que hacer, y por lo tanto es su responsabilidad".

En una nota, el Colegio de Médicos de Madrid pidió a ciudadanos y medios de comunicación que respeten el derecho constitucional de presunción de inocencia de las personas que "pudieran estar implicadas hasta que haya un pronunciamiento judicial firme". El colegio también recordó que la comisión Lamela está "formada por médicos colegiados madrileños con probado conocimiento de la materia estudiada".

También pidió respeto a la presunción de inocencia la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). En un comunicado, este sindicato médico consideró "acertada" la decisión del consejero de Sanidad de remitir el informe de la comisión al juez, y también la de solicitar que se declare el secreto sobre las actuaciones judiciales. La nota añade: "Independientemente de las conclusiones definitivas a las que se llegue, los ciudadanos deben saber que afortunadamente disponen de un servicio de salud que se encuentra entre los más acreditados del mundo

Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) subrayó que la comisión está formada por "expertos nombrados digitalmente por la Consejería de Sanidad y es dependiente de ésta, por lo que carece de la independencia y cualificación técnica para realizar un informe válido". Según la asociación, "este informe no sólo conculca los derechos básicos de los afectados, sino que, además, pretende establecer un precedente inaceptable, en el que una de las partes implicadas es juez y parte en la evaluación de un problema asistencial".

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, pidió a la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, que retire el informe "porque carece de credibilidad alguna", ya que sus expertos actúan "al dictado de los intereses políticos del consejero". Simancas añadió: "La mitad de los miembros que la forman han sido designados directamente por la consejería de Sanidad y su servicio de inspección, mientras que los facultativos miembros de dicha comisión han sido recusados por la Junta Técnico Asistencial del hospital por su probada animadversión a la utilización de cuidados paliativos sobre enfermos terminales".

Antonio Beteta, portavoz del PP en la Asamblea, respondió que Simancas había descalificado el informe porque "no le gustan sus conclusiones", y ello demuestra que "teme a la justicia". Según Beteta, "Simancas continúa con su campaña sistemática de insidias y calumnias".

La Asociación El Defensor del Paciente (Adepa), que dio curso a la denuncia anónima que originó el caso, pidió que se hagan públicos los nombres de los médicos "implicados" y que se informe a los familiares de los pacientes "para que ejerzan si así lo desean las acciones que crean oportunas". También pidió que "se depuren responsabilidades de los dirigentes del hospital y de la sanidad madrileña desde el año 2002, fecha en la que comenzó a producirse tan lamentable situación".

Otra asociación, la de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa), que tramita varias denuncias contra médicos de Leganés, pidió que la justicia impute un delito de homicidio a los médicos y añadió: "Además de agradecer al señor Lamela su actitud, casi heroica, en pro de los derechos de los pacientes y en la búsqueda de la verdad [...], deseamos que sean ahora los juzgados y tribunales quienes se hagan cargo de finalizar la investigación".