La 'comisión Lamela' considera irregulares el 68% de las sedaciones de Leganés

El consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, envió ayer al juez los resultados de la investigación de un comité de expertos sobre supuestas sedaciones irregulares realizadas en el hospital Severo Ochoa, de Leganés. El trabajo -"cuatro tomos", según Lamela- recoge la existencia de 73 casos de tratamientos terminales no adecuados, no indicados e incluso contraindicados. Esta cifra supone el 68% de las 106 sedaciones aplicadas entre el 1 de septiembre de 2003 y el 8 de marzo de 2005. Este último día fue cuando Sanidad recibió una denuncia anónima que calculaba que más de 400 personas habían recibido dosis excesivas de calmantes para acelerar su muerte.

Para llegar a esta cifra los seis investigadores analizaron 169 historias clínicas de fallecidos en el servicio de urgencias. No consultaron con los médicos que les atendieron ni con los familiares de los fallecidos. De los 169 casos, se había sedado a 109. Los expertos calificaron 73 de estas sedaciones de irregulares. De ellas, casi la mitad (34) se consideraron "inadecuadas" (los pacientes necesitaban sedación, pero los medicamentos utilizados no han sido considerados los idóneos por los expertos). En otros 35 casos la sedación no estaba indicada (el paciente no estaba en situación terminal o no sufría por ello), y en cuatro casos estaba incluso contraindicada (la medicación suministrada era innecesaria y además agravó su evolución), según explicó Lamela.

El consejero destacó que en 36 casos había "importantes irregularidades" en el reflejo del consentimiento en las historias clínicas. Los procedimientos aplicados en urgencias del Severo Ochoa tampoco cumplían las recomendaciones del propio hospital. "En todos los casos los expertos han encontrado una relación directa causa-efecto entre el empleo inadecuado de fármacos y el fallecimiento de los pacientes", dijo Lamela.

Pese a los datos, el responsable de sanidad insistió en que la mala práctica era un caso "aislado", que afecta a un número de profesionales "que se pueden contar con los dedos de una mano" (más tarde concretó esta cifra en cuatro). Entre los 73 casos de irregularidades se encuentran los 13 que la Fiscalía ya investiga, indicó el consejero.

Lamela, abogado de profesión, afirmó que del informe se deducían "indicios" de delito, pero rechazó opinar si los casos en que se habían suministrado dosis excesivas o combinaciones inadecuadas de fármacos -siempre según los expertos- se trataba de eutanasias u homicidios.

Sobre los cuatro casos de tratamiento contraindicado el consejero afirmó que se habían empleado "dosis notable y notoriamente excesivas, establecidas para acortar la vida". En algunos casos la cantidad de calmantes usados eran "el doble" de los recomendado por la "lex-artis ad-hoc" [lo indicado según la bibliografía y la experiencia de los expertos que han estudiado las historias clínicas].

Aparte de dar el resumen sobre el resultado de la investigación, el consejero afirmó que "lo importante" de la gestión de la crisis era "que se había respetado la presunción de inocencia, hasta el extremo de que el informe no contiene nombres de profesionales", que sí serán entregados al juez.

El consejero también se refirió a las consecuencias del caso en el hospital. "No necesita lavar su imagen porque la tiene excelente", afirmó, y culpó "a otros" de querer manipular el tema. Las medidas políticas que pueden tomarse (la destitución del coordinador de urgencias, el gerente y el director médico) "ya se han tomado". Lo que la "consejería no puede es impedirles el ejercicio de la profesión médica", comentó en referencia a las medidas que adoptó el 11 de marzo, a los tres días de recibir la denuncia que activó el caso.

Lamela destacó que los seis profesionales que forman el llamado Comité de expertos habían llegado a esas conclusiones "por unanimidad". Con la elaboración del informe y su remisión al juez el asunto "queda zanjado de manera definitiva desde el punto de vista de la Consejería", señaló el consejero.