Editorial:
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Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

¿También corrupción?

Hoy se cumplen dos años del accidente del Yak-42, que se estrelló en Turquía y en el que perecieron 62 militares españoles de regreso de Afganistán y 13 tripulantes ucranios. El borrador final, ahora conocido, del informe de la Comisión Internacional que investiga las causas del siniestro confirma algunas de las conclusiones del presentado en octubre pasado por el ministro Bono en el Parlamento, y precisa aspectos que se conocían sólo parcialmente. Entre otros, el coste real de la contratación del avión y la asombrosa red de intermediarios que intervinieron -y cobraron- entre el pagador, el Ministerio de Defensa, y la compañía propietaria del avión. Esa intermediación aumentó el coste al menos en un 40%.

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Defensa pagó 170.000 dólares, pero la compañía ucrania propietaria del aparato sólo percibió 45.000. Descontando el coste del combustible y tasas aeroportuarias, se habrán quedado por el camino casi 65.000 dólares. Eso explica la elevada cifra pagada por España, superior a lo que habría costado un vuelo comercial con cualquier compañía y, a la vez, el relativamente bajo precio pagado a los ucranios.

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La conclusión central del informe es que la causa principal del accidente fue la "extremada fatiga" de los pilotos tras cuatro horas y media de vuelo -desde la última escala- y 22 horas de actividad, lo que les llevó a adoptar decisiones erróneas. También confirma que el vuelo no debió iniciarse sin una reparación o sustitución de la caja negra, inutilizada desde mes y medio antes. Esta conclusión coincide con otras del informe de Defensa que constata fallos técnicos, así como insuficiente adiestramiento de la tripulación. Y se une a otras plenamente acreditadas, como la desaparición en el tráfico de intermediarios del seguro de vida incluido en el precio pagado por el ministerio, y la errónea identificación por los forenses españoles de los 30 cadáveres que les correspondió analizar.

La investigación judicial abierta deberá dilucidar si alguien se lucró -por ejemplo, percibiendo comisiones- en esa cadena de intermediaciones. Hubo 44 vuelos similares en los meses anteriores al siniestro, por lo que la cantidad en juego puede ser elevada. Ello añade un motivo adicional a los ya existentes para que el entonces ministro Trillo asuma su responsabilidad política en tan nefasta gestión.

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