Defensa reclama una indemnización de 3,7 millones por el Yak a la agencia de la OTAN

El Ministerio de Defensa ha dirigido una carta a la agencia NAMSA de la OTAN, a través de la cual se alquiló el Yakovlev 42 en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán hace hoy dos años, en la que le reclama una indemnización de 3,7 millones de euros (4,65 millones de dólares) por el "incumplimiento de su deber de supervisión y control" de las sucesivas subcontrataciones que llevaron finalmente a fletar el avión siniestrado.

El ministro de Defensa, José Bono, debe decidir si lleva a los tribunales a la Agencia para el Mantenimiento y Abastecimiento de la OTAN (NAMSA) ante su reiterada negativa a asumir cualquier responsabilidad por el accidente aéreo del que hoy se cumplen dos años. La NAMSA se escuda en que, según sus estatutos, se trata de un organismo internacional que gestiona programas en los que participan voluntariamente los países socios, por lo que son éstos los que asumen todos los riesgos. En caso de discrepancia, alega, la única opción es acudir a un arbitraje, que ya está predeterminado de forma favorable a la agencia, pero nunca a los tribunales.

Por el contrario, el Ministerio de Defensa sostiene que contrató con NAMSA un servicio de alquiler de aviones para el transporte de tropas a Afganistán e Irak, en virtud del cual la agencia adquirió una serie de compromisos contractuales que ha incumplido: en particular, el control de las sucesivas subcontrataciones y del seguro de vida que, por 75.000 dólares, debía tener cada pasajero del Yak-42.

La falta de este seguro obligó a que el Gobierno español, todavía bajo mandato del PP, adelantase el dinero con cargo al erario público y es ésta suma (4,65 millones de dólares en total; o, lo que es lo mismo, 3,7 millones de euros) la que reclama a la agencia de la OTAN como indemnización.

Las discrepancias entre ambas partes han ido subiendo de tono, hasta adquirir gran aspereza en la misiva que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el vicealmirante José María Terán Elices, dirigió el pasado 13 de abril al director general de NAMSA, Karl-Heinz Münzner.

Tras un párrafo de cortesía ("quiero agradecer sus sentimientos de solidaridad para con las familias de las víctimas [...] y la disposición de la Agencia a continuar colaborando") la carta aborda de inmediato el problema: "Debo trasladarle mi total discrepancia con los términos de su carta [se refiere a una misiva de Münzner del 14 de marzo de este año] en cuanto a la inexistencia, por parte de NAMSA, de cualquier incumplimiento de obligaciones derivadas" del acuerdo firmado con el Estado Mayor Conjunto para el transporte de las tropas españolas.

Sin transferencia de seguro

El vicealmirante Terán alude a "hechos incuestionables, como el desconocimiento por parte de la Agencia del incumplimiento por parte de su contratista CFA [Chapman Freeborn] de la obligación de transferencia del seguro de 75.000 dólares a su subcontratista o la ignorancia de la existencia de una cadena de subcontrataciones, alguna de las cuales exigía, por razón de la sede social de la subcontratista, expresa autorización de NAMSA".

La carta se refiere a que, según el contrato con NAMSA, cualquier subcontratación con empresas de países ajenos a la OTAN requería una autorización expresa. Sin embargo, para fletar al Yak-42 se subcontrató a tres empresas de países que no pertenecen a la Alianza Atlántica (Irlanda, Líbano y Ucrania) sin la preceptiva autorización.

Para Terán, estos hechos "ponen de manifiesto, de forma palmaria, el incumplimiento por parte de NAMSA de su deber de supervisión y control de la ejecución" del contrato de flete de aviones para transporte de las tropas españolas. En consecuencia, agrega, "resulta totalmente fundada la pretensión de que NAMSA asuma las responsabilidades derivadas de tal incumplimiento, indemnizando al Ministerio de Defensa de los daños que por ello ha debido soportar".

La carta advierte de que "no resulta admisible pretender que tales daños deban ser asumidos por España como riesgos inherentes o asociados a la realización de un pretendido programa", como afirmaba el director de NAMSA en su carta del 14 de marzo.

Terán también califica de "sorprendente" que NAMSA plantee ahora un acuerdo amistoso con Champman, "en contra de anteriores recomendaciones". Las condiciones de Champman para un acuerdo amistoso pasaban por recibir una garantía de que seguirá contratando con la OTAN, por la unificación del seguro de responsabilidad civil y el seguro de vida en un pago único de 75.000 dólares y por la renuncia de las familias a cualquier otra reclamación.

"Por todo ello", concluye la carta del jefe del Estado Mayor Conjunto, "y con independencia de las acciones judiciales que el Ministerio de Defensa pudiera, en su caso, ejercer [...], me veo en la necesidad de reiterar a esa Agencia a que indemnice al Gobierno español con la cantidad de 4,65 millones de dólares".

El ministro Bono ha encargado un informe jurídico sobre la forma de recurrir contra NAMSA y acabar con su impunidad.